Castillo pide más plata, pero no sabe invertirla

En el primer semestre del año, el gasto público del Ejecutivo alcanzó los S/53,790 millones, una reducción del 2.5% respecto de similar periodo de 2021.

El nivel de la inversión en infraestructura vial es el más crítico, ya que ha caído muy por debajo de los niveles de años anteriores (0.5% del PBI).

También llama la atención el sector educación y el de agua y saneamiento, que registran caídas importantes (ver gráfico).

“La inversión pública es uno de los principales motores de la reducción de la pobreza y del cierre de brechas de infraestructura, especialmente en el largo plazo, y el gobierno de Castillo, quien prometió ‘no más pobres en un país rico’, está fracasando en incrementarla”, sostiene Raúl Labarthe, jefe de proyectos de la Asociación de Contribuyentes del Perú.

Además, hay que precisar que lo dicho por el presidente Castillo no es cierto, porque los 30 mil millones de soles no son deudas de las empresas; son reparos tributarios que están judicializados, con lo que el mandatario recurre, una vez más, al populismo y la demagogia para polarizar y dividir el país.

También se detectaron cerca de 2,000 proyectos de inversión del gobierno nacional con recursos asignados que no registran ni un sol ejecutado a menos de cinco meses de culminar el año, lo que le implica el reto de invertir cerca del 70% restante en lo que queda del año 2022.

A ello se suma que, de los 15 proyectos con más de S/100 millones, 10 tienen menos del 50% de avance. En conjunto representan cerca del 15% del presupuesto total para obras del gobierno nacional.

“Esta ineficacia, más que impactar en el corto plazo, tendrá graves efectos en el mediano y largo plazo, ya que, al priorizarse el gasto fácil a través de bonos –como el alimentario, con más de 6,300 millones de soles en su primer año–, se está descuidando el avance de las obras, castigando el crecimiento de los próximos años”, agrega Labarthe.

Las empresas dedicadas a la comercialización de productos finales en bienes duraderos (textiles, electrodomésticos, hogar y otros) se enfrentan a un alto riesgo de quiebra sin un plan de ayuda del Gobierno por la caída de precios y ventas debido a la inflación. Según el BCR, las empresas se quedaron con 15 días de inventarios no deseados, mientras que los importadores de bienes finales tienen inventarios por 90 días.

Según Susana Saldaña, de la Asociación Empresarial Gamarra, los comerciantes en el emporio textil vienen liquidando sus stocks de invierno hasta en un 70%. En el primer semestre de este año, solo se alcanzó un 40% de ventas en comparación con los niveles prepandemia (2019), lo que afecta el empleo y la actividad económica. Para dimensionar la población que se vería afectada, esta se compone de al menos 272,170 empresas en el comercio al por mayor; 874,068 en comercio al por menor; y 78,039 en venta y reparación de vehículos, cuyo impacto comprometería al 10.8% del sector comercio sobre el PBI.