Chile aprueba reforma para elevar impuestos a los ricos y disminuirlos a los adultos mayores

Fecha Actualización

30/01/2020 - 12:56

Legisladores chilenos aprobaron una reforma que aumenta los impuestos a los ricos, al tiempo que reduce la carga tributaria para los adultos mayores y las pequeñas empresas, en un guiño a los meses de protestas contra la desigualdad que han remecido a la nación sudamericana.

Se espera que la medida, que recibió luz verde del Congreso la tarde del miércoles, aumente en hasta US$ 2,200 millones la recaudación tributaria anual de Chile, ayudando a abordar otras costosas reformas demandadas por los ciudadanos, como salario mínimo y pensiones más altas o mejoras al sistema de salud.

Las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia en 1990 han golpeado la economía del principal productor global de cobre. El proyecto de ley había ingresado hace un año y medio al Congreso y fue modificado en medio de los disturbios, que estallaron en octubre pasado.

“Esta reforma recauda casi 1 punto del PBI y es una reforma progresiva porque afecta a las más altas rentas del país”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, asegurando que el sistema de recaudación será “más simple y más eficiente”.

Los chilenos que ganan más de US$ 18,900 por mes y quienes tengan viviendas o bienes raíces por más de US$ 500,000 verán aumentar sus impuestos, mientras que los ancianos pagarán menos. La reforma también simplifica el sistema de tributos corporativos, estableciendo una tasa para las grandes empresas de 27%, según publicó el Congreso en su sitio web.

De acuerdo a previsiones, la economía chilena enfrentará también en 2021 los efectos de la ola de protestas, que dejaron miles de millones de dólares en daños a la infraestructura pública, comercio y empresas. En diciembre, el Banco Central redujo su pronóstico de crecimiento para 2020 a un rango de 0.5%-1.5% desde un anterior 2.75%-3.75%.

La reforma tributaria también incluye varias medidas para ayudar a estimular la inversión. Está previsto que entre en vigencia en marzo, después que sea revisada por el Tribunal Constitucional.

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