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Congresistas buscarán consensuar un solo dictamen sobre pedido de delegación de facultades en temas económicos
Los miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso acordaron este viernes buscar el consenso con su pares de la Comisión de Constitución y Reglamento para establecer un solo dictamen sobre el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.
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Los miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso acordaron este viernes buscar el consenso con su pares de la Comisión de Constitución y Reglamento para establecer un solo dictamen sobre el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.
En una sesión realizada esta mañana, los congresistas que conforman dicha comisión solicitaron a la presidenta Silvia Monteza Facho, Acción Popular, que describa cuáles son las diferencias que plantea el predictamen de dicho grupo de trabajo respecto del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.
Si bien Monteza Facho empezó a explicar los planteamientos formulados en el predictamen, los parlamentarios objetaron las propuestas al señalar que no quedaban claras las diferencias y pasaron a un cuarto intermedio. Después de más de una hora, el pleno de la Comisión de Economía aprobó la propuesta de buscar un texto único con los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, quienes cuentan con otra iniciativa legislativa para otorgar las facultades solicitas por el Ejecutivo.
Como se conoce, el predictamen de la Comisión de Economía plantea otorgar al Gobierno un plazo de 120 días calendario para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Entre los principales planteamientos destacan:
En materia tributaria y fiscal
Se plantea modificar la Ley del Impuesto a la Renta (IR) y las normas que la regulan en los siguientes alcances.
Modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para efectos de la determinación del IR; así como especificar en la normativa del impuesto a la renta la no deducibilidad de erogaciones vinculadas con conductas tipificadas como delitos, tales como el delito de cohecho, en todas sus modalidades.Gravar a las personas jurídicas domiciliadas con el IR a los dividendos y regular el tratamiento aplicable a las retenciones que dichos contribuyentes efectúen por estas rentas, así como la aplicación de un crédito.Modificar las rentas netas presuntas de fuente peruana que perciban los contribuyentes no domiciliados y las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior.Perfeccionar las disposiciones sobre los incrementos patrimoniales no justificados.Perfeccionar las normas sobre valor de mercado a la transferencia de valores mobiliarios, así como a las de precios de transferencia.
También se propone modificar las leyes de regalías mineras, del Impuesto Especial a la Minería, y la que establece el marco legal del Gravamen especial a la Minería, así como su normativa complementaria.
Con ello, se busca establecer montos mínimos en su determinación, modificar los tramos de margen operativo, aumentando las tasas marginales y modificando los conceptos implicados en la determinación de la utilidad operativa.
El objetivo es reflejar de manera más adecuada los beneficios derivados de la actividad minera, así como la revisión de la deducibilidad del monto efectivamente pagado por concepto de regalías, impuestos y gravamen. Asimismo, modificar los beneficios que ofrecen los contratos de garantías previstos en la Ley General de Minería.
Por otro lado, se plantea crear un régimen simplificado del IR para empresas de menor tamaño, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, a través de la contabilidad electrónica. Además, uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad que prevén los convenios de estabilidad jurídica regulados por los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757.
También se propone aplicar al sector acuícola y forestal el régimen dell IR y el beneficio de la depreciación acelerada, incluyendo el plazo de vigencia, bajo las particularidades del sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.
Se plantea establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con sujetos no domiciliados en el marco de la economía digital. También la simplificación del cumplimiento de obligaciones a través de herramientas tecnológicas.
En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se busca incorporar a las soluciones líquidas para los cigarrillos electrónicos o ‘vapers’, así com modificar las tasas o montos fijos para los bienes y servicios sujetos a la aplicación del impuesto.
En cuanto a las modificaciones del Código Tributario, se plantea optimizar las facultades de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) para adecuarlas a la transformación digital.
También regular los criterios para determinar la complejidad de las controversias tributarias, así como incorporar la responsabilidad de los asessores fiscales que elaboren esquemas de elusión tributaria.
Por último se plantea perfeccionar la Ley del Registro Único de Contribuyentes; promover la utilización de medios de pago para luchar contra la evasión y elusión; modificar la ley de aduanas para impulsar las operaciones de comercio exterior; y otorgar preeminencia a los abonos en cuentas para las devoluciones a cargo de SUNAT.
En materia financiera
Ampliar las funciones del Banco de la Nación, con el objetivo de realizar, entre otros aspectos, nuevas operaciones bancarias y servicios financieros; prestar financiamiento a las micro y pequeñas empresas (mypes); fortalecer su gobernanza corporativa; asociarse con otras empresas supervisadas por la SBS; e impulsar la modernización digital de su operación.
También se planea incrementar el tope máximo de multas que puede imponer la SBS, con el objeto de que esta aplicación de sanciones sea disuasiva y suficiente para evitar la comisión de conductas infractoras por parte de las entidades supervisadas.
En el terreno del fomento de la competencia de entidades supervisadas por la SBS, así como la optimización de sus procesos, se propone lo siguiente
El tratamiento de las empresas que no realizan captación de depósitos del público, simplificando el proceso de licenciamiento y supervisión, y permitiendo su salida del mercado mediante el retiro de licencia, con lo cual se reducen los costos de resolución de estas.Diferenciación del régimen de supervisión en función al perfil de riesgo e impacto en la estabilidad del sistema financiero y pueda contar con la contratación de terceros.Facilitar la existencia de entidades u oficinas 100% digitales en el sistema financiero.Permitir que las publicaciones se puedan efectuar por medios virtuales o digitales.
En materia de reactivación económica
Facilitar la tramitación, evaluación y aprobación de procedimientos a cargo de las entidades del Estado, en materia de inversión privada y público privada.
Modificar el marco legal del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para ampliar sus fuentes de financiamiento y alcances; así como mejorar y consolidar la modalidad de Asociación Público Privada y Proyectos en Activos.
También establecer disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de procedimientos vinculados con licencias, permisos, autorizaciones, entre otros.
Por otro lado, se busca aprobar una nueva Ley de Contrataciones del Estado regulada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con procedimientos modernos, ágiles, transparentes y con altos estándares de integridad.
Por último, se plantea modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad, para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las entidades del Sector Público a través de la implementación de estándares internacionales contables y financieros que contribuyan al manejo transparente y oportuno de la información sobre las finanzas públicas.
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