Un estudio elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) dio cuenta que el número de peruanos en riesgo de ser víctima de las extorsiones y métodos delictivos de cobro de los créditos ‘gota a gota’, sigue en aumento.
Según el “Estudio sobre el mercado de crédito informal en el Perú”, alrededor de 605 mil familias de los hogares urbanos (9.3% de los hogares) recibió un crédito de un prestamista informal en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento del 19% frente al 2022.
De estos, los préstamos “gota a gota” o de pago diario pasaron a representar de 22% en 2022 a 35% en 2024. Es decir, en la actualidad, más de 211 familias se financian con el ‘gota a gota’, lo peor es que esto representa un avance de 89.4%, respecto al número de familias del 2022.
“Este tipo de préstamos se caracteriza por sus altas tasas de interés y por estar vinculados a situaciones de inseguridad para los prestatarios. Por ello, en medio de los crecientes niveles de criminalidad en el país, es un tema que debería ponerse en agenda”, indicó Carlos Gallardo, gerente general del IPE.
El estudio destacó que el tamaño del sector de créditos informales habría alcanzado los S/1,780 millones, superando a los créditos otorgados por las cajas rurales de ahorro y crédito.
Carrusel informal
Gallardo destacó que, según los resultados del estudio, los prestatarios recurren al crédito informal principalmente por la urgencia e inmediatez de obtener financiamiento. Esto asociado principalmente al pago de deudas informales pendientes.
Dijo que, dada la premura, están dispuestos a asumir tasas significativamente más altas que las impuestas al sector formal. Así, de acuerdo con la investigación, el 51% de los encuestados paga una tasa de interés anualizada superior a 500%, lo que implica que, si se pidiera el mismo crédito de forma continua por un año, el monto pagado sería más de cinco veces el monto prestado.
Agregó que la situación se complica debido a las prácticas inadecuadas de algunos prestamistas informales para asegurar el pago. El 16% de los prestatarios informó haber sido amenazado o intimidado, y el 78% tuvo que pagar más de lo inicialmente acordado. Además, el 51% reportó haber recibido amenazas verbales.
La percepción de los prestatarios sobre el crédito informal cambia significativamente al enfrentarse a situaciones de intimidación: mientras que el 45% consideraba favorables las condiciones del crédito antes de ser amenazado, solo el 14% mantenía esta opinión tras haber recibido represalias. Asimismo, el 65% de quienes experimentaron intimidación preferiría recurrir a una entidad formal en el futuro, en comparación con el 34% de aquellos que no se vieron afectados.
Recomendaciones de política
El IPE destacó la importancia de facilitar el acceso a créditos formales, seguros y con tasas de interés competitivas. Una de las primeras recomendaciones es derogar la Ley N° 31443, que faculta al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a establecer límites a las tasas de interés en el sistema financiero.
Otra recomendación se relaciona con la promoción de la innovación financiera. Un ejemplo es el uso de herramientas como las billeteras electrónicas para ampliar el acceso a servicios financieros formales. Entre quienes no recurrieron a una entidad formal (70% de los prestatarios en 2024), el uso de billeteras electrónicas creció del 43% al 69% entre 2022 y 2024, superando a otros servicios financieros. Este avance también subraya la necesidad de diseñar productos financieros adaptados a grupos tradicionalmente excluidos, como mujeres, personas en zonas rurales y adultos mayores.
Finalmente, el IPE resalta la importancia de mejorar la educación financiera. Según la Encuesta de Capacidades Financieras de la SBS, solo el 21% de los encuestados en 2022 era capaz de realizar un cálculo de interés simple, una habilidad clave para evaluar la conveniencia de un crédito y las diferencias entre créditos formales e informales.
Datos del estudio
El estudio realizado por IPE está basado en dos encuestas propias, encargadas a Ipsos y realizadas en mayo de 2024: una aplicada a 1,011 personas a nivel urbano-nacional; y otra que levantó información de 1,203 familias en cinco ciudades (Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo e Iquitos). Los resultados obtenidos son comparables con un estudio similar realizado por el IPE en 2022.
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