5 criterios para impulsar la inversión privada

En el caso de la privada, es importante que se genere un adecuado clima de inversiones y reglas claras; para la pública, será la ejecución de proyectos de inversión cumpliendo los cronogramas de ejecución de obra; y, la público-privada, será convertirse en un promotor de proyectos de inversión de gran envergadura que contribuyan a cerrar la brecha de infraestructura y mejorar los servicios públicos.

Como se sabe, la inversión privada representa el 80% del total de la inversión, y esta se encuentra con una parálisis coyuntural, por ello es indispensable que el Ejecutivo implemente una serie de medidas orientadas a dinamizar la inversión en todas sus formas y niveles. Al respecto, Alfonso Garcés, Socio en Guzmán Napurí & Segura Abogados define cinco criterios clave para promover la inversión:

La ausencia de reglas claras combinada con un alto nivel de incertidumbre son la receta perfecta para ahuyentar a la inversión. Entonces, para neutralizar la incertidumbre se requiere ser consistente entre el discurso y la acción.

En esa línea, no resulta una medida idónea, por ejemplo, la pretendida subida de impuestos (a personas naturales como empresas mineras) través de una delegación de facultades, para la mejora de los servicios públicos no resulta oportuna ni creíble en un contexto en el que se requiere que el sector privado tenga maor liquidez para gastar y en el que el Estado debe impulsar la inversión pública. Sin embargo, a menos de 15 días de acabar este no ha ejecutado ni el 60% del presupuesto de inversión.

Ello, revela que el problema está al interior del Estado y que cualquier subida de impuestos, sin una revisión integral del sistema impositivo en el país, conducirá a que se sigan empozando recursos en las cuentas del tesoro público en vez de que el privado (empresas y ciudadanos) siga dándole movimiento.

Con reglas claras es posible planificar. El Estado debe visualizarse en los próximos 5 años con una reducción de la informalidad, de la brecha de infraestructura social y económica, de la pobreza, entre otros, fijando los porcentajes de reducción en cada caso, así como los mecanismos para lograrlo.

Si se tuvieran reglas claras y un país que sabe lo que necesita y cómo lo necesita, orienta el foco de la inversión y el sector privado tendrá menores reparos para invertir o postergar decisiones de inversión. Por lo tanto, debe priorizarse la propuesta de fórmulas que se alineen a reducir la informalidad que, luego de la pandemia, ha alcanzado niveles cercanos al 80%, en vez de pensar en subir impuestos, sin debate nacional, contrariamente a lo que dispone la Constitución Política del Perú.

Uno de los pilares de un estado democrático que respeta el estado de derecho es la capacidad de tener un gobierno abierto, esto es, que toda (no una parte de) la información sea pública y esté disponible para cualquier ciudadano. Esto significa que el Estado la publique y no solo que espere a que un ciudadano solicite dicha información. De esta manera la sociedad civil, la academia y cualquier ciudadano podrán ejercer el derecho a fiscalizar la gestión gubernamental.

A modo de ejemplo, sobre los proyectos ejecutados a través de los acuerdos gobierno a gobierno, no existe información publicada sobre su ejecución. La confidencialidad no puede ser concebida como un escudo para impedir el control ciudadano. Es perfectamente posible hacer compatible la transparencia con la confidencialidad, evitando hacer público su contenido esencial.

En todo tipo de inversión la competencia es deseable y es rol del Estado promoverla y defenderla. En los proyectos de inversión público-privada resultan indispensables porque la competencia que se practica es una competencia por el mercado, al generalmente operar en estructuras de monopolio natural, como es el caso de la infraestructura de transportes, energía, saneamiento, entre otros servicios públicos.

Solo a través de la competencia por el mercado se garantiza una participación amplia de empresas interesadas que, consorciadas o no, puedan lograr pre-calificarse, garantizando así la posibilidad real de presentar ofertas competitivas y valiosas en los procesos de licitaciones o concursos públicos.

Uno de los factores que retrasan la ejecución de proyectos de inversión, públicos y privados, es la maraña legislativa que profusamente genera el Estado, tanto a nivel de poder ejecutivo como del propio Congreso de la República. Debe haber un control más técnico que busque servir de catalizador de las medidas políticas que se requieren implementar.

En ese sentido, generar un mejor clima de inversión y garantizar la eficiencia de los proyectos, desde el sector público se debe dar celeridad a la ejecución, actuar de forma ágil, eficiente, evitando retrasos ocasionados por formalismos y fallas en la gestión.