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Estos peajes en el país aún mantienen temas pendientes por resolver, según expertos

Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar, y Augusto Villanueva, consultor legal en estructuración y ejecución de APP, brindan alternativas para superar estos “cuellos de botella”.

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Fecha Actualización
La situación de algunos peajes en el país sigue generando ruido dado que se han convertido en unos “cuellos de botella”, sobre todo el de Chillón, ubicado en Puente Piedra, y el de las garitas de Mórrope y Bayóvar, que comprende el tramo de Lambayeque a Piura, donde los transportistas tienen previsto una huelga para este lunes 18 de enero con el objetivo de que suspendan el cobro, debido a que la carretera es objeto de reparaciones.
Al respecto, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, sostuvo que en cualquier momento va a ‘estallar’ nuevamente la problemática del peaje de Puente Piedra, que solo tiene una unidad de recaudación en el sentido de Norte-Sur para los 31.5 Km por carril de esa parte de la Panamericana Norte.
Recordó que el año pasado un tribunal arbitral internacional, con sede en Washington DC, Estados Unidos, le dio la razón al consorcio Rutas de Lima, tras la anulación de esa garita en 2017 por parte del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y ahora la comuna limeña deberá pagar la suma de S/ 230 millones.
“En cualquier momento Rutas de Lima se va a cobrar todo lo que ha perdido, así que deberían resolver este problema de la mejor manera”, indicó.
En este sentido, Quispe propuso que, para mejorar la rentabilidad de la empresa, debería la garita del peaje ubicarse a la altura de la zona Naranjal.
“Pero tiene que cobrar más barato y así compensar su rentabilidad; es decir, tienen que buscar un equilibrio para que la empresa no pierda ni el Estado se perjudique”, indicó.
MIRADA AL NORTE
Con respecto al paro previsto de transportistas, dado que los usuarios de la ruta consideran que deben suspender el cobro de peaje en Morrope y Bayóvar, Augusto Villanueva Llaque, consultor legal en estructuración y ejecución de APP, indicó que el contrato con la concesionaria Covisol es autofinanciado.
“Se trata de un contrato financiado por las tarifas o peajes que pagan los propios usuarios del servicio”, mencionó.
Ante este panorama, el socio de Villanueva Llaque Abogados indicó que es poco viable que suspendan el cobro de peajes debido a que la empresa, con un estudio aprobado, habilitó desvíos provisionales para los vehículos.
“No existe ninguna causal ni ningún supuesto de que durante la ejecución de las obras de rehabilitación se pueda permitir la reducción de peaje. Lo que pide la asociación de transportistas no se enmarca en el contrato”, manifestó.
Además, indicó que con esta obra se busca la conectividad de carretera, lo cual se cumple al ejecutar la rehabilitación por el Fenómeno de El Niño.
Villanueva también comentó que el Estado garantizó un contrato de seguridad y garantías. “A la par suscribió otro contrato ley que declaraba el respeto irrestricto a los compromisos”, explicó.
“En el caso negado que la contraparte solicite al concesionario de manera forzosa que no cobre peaje, el efecto podría ser un reclamo, donde el Estado tendría que indemnizar al concesionario”, precisó.
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