Nuevo riesgo de crear un Estado empresario

La bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que ya está en la Comisión de Constitución del Parlamento y que plantea la modificación del artículo 60 de la Constitución Política del Perú. ¿Su finalidad? Según el documento: “Darle facultades al Estado para que pueda intervenir en la actividad empresarial del país sobre sectores estratégicos, cuando la iniciativa privada sea insuficiente y sean socialmente necesarias para el desarrollo del país”.

“Asimismo, podrá ejercer el control de estos sectores estratégicos cuando sean socialmente necesarias para el desarrollo industrial del país”, se lee en el documento.

Dentro de los sustentos de la iniciativa, se indica que el capítulo económico de la Carta Magna ha generado un “retraso en la industrialización de nuestros principales recursos naturales del país”.

Al respecto, el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, explicó que hay un desconocimiento por parte de los legisladores sobre el proceso de industrialización del país.

“Hay políticas para eso que están en cargo del Produce, por lo tanto, no se requiere de una reforma constitucional para hacerlo”, aseguró.

En declaraciones a este diario, señaló que el “Estado ha sido bastante limitado” en cerrar brechas de infraestructura básicas para las personas. Además, cuestionó que dentro de los argumentos que tiene la iniciativa legislativa se señale que “los principales sectores estratégicos de la economía del país ruedan en base de intereses nacionales” y que esto podría ser el punto de inicio de los conflictos sociales.

“Cualquier actividad está sujeta a conflictos sociales, incluso las acciones de inversión pública del Estado en infraestructura vial, por ejemplo. No es que con empresas públicas van a desaparecer los conflictos sociales”, resaltó.

Para el representante del IPE, se debe aprender los errores que se cometieron con Petroperú porque advirtió que potencialmente se podría tener un “desequilibrio fiscal” en el país.

La iniciativa tampoco toma en cuenta el fracaso que generó en nuestro país la participación del Estado en la actividad empresarial, tras las reformas del general Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1970.

La evidencia sobre los efectos de tener un Estado empresario se observa en una investigación de los economistas César Martinelli y Marco Vega, que concluyó que las medidas implementadas por Velasco golpearon al país hasta dos décadas después y que, si estas no se hubieran llevado a cabo, se hubiese evitado el colapso vivido entre la década de 1970 y 1980.Cerca de 175 empresas públicas fueron creadas a través de expropiaciones y para 1979 las pérdidas acumuladas por estas alcanzaban los US$2,481 millones.Según el estudio, hacia 1975, las reformas habían causado una pérdida del 10% en el PBI por habitante, que se elevó a 30% en el quinquenio entre 1980 y 1985, para alcanzar el 50% en 1990.

La propuesta señala de forma ambigua que se busca mejorar “la imagen de ser un Estado entreguista de nuestros recursos”, y aseguran que esto ayudaría a la formalización.