¿Podemos vincular la violencia en Perú con la ilegalidad?

La minería ilegal en Perú es un problema histórico que ha causado daños ambientales significativos en diversas partes del país. Se estima que esta actividad ilícita ocupa más de 25 millones de hectáreas en todo el territorio peruano, especialmente en las regiones de Madre de Dios, Piura, La Libertad, Arequipa, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Puno. Hablamos de decenas de miles de negocios fuera de la ley que movilizarían al año más de 1,700 millones de dólares.

La minería informal por su parte afecta principalmente a las regiones Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Puno y Arequipa, donde se calcula que existen en cada una, más de 7,500 unidades mineras que no cumplen con la regulación vigente. En las regiones de Cusco, Huancavelica, Ica, Lima, Áncash, La Libertad y Piura la concentración de mineras informales se calcula entre 1,500 y 7,500 unidades fuera de la normativa.

En cuanto al cultivo de hoja de coca, insumo prioritario para la elaboración y comercialización de cocaína, Perú cuenta con 19 zonas con presencia intensiva de cultivos de coca. Estas zonas se ubican en 13 departamentos, 45 provincias y 169 distritos. El total de superficie cultivada con coca en estos territorios alcanza las 80,681 hectáreas. Comparada con la superficie cultivada con hoja de coca en 2020, ahora tenemos 5 zonas adicionales. De estos 13 departamentos, en siete existe una alta concentración de actividad minera ilegal e informal.

Así, el cruce de variables, como lo muestra el mapa a continuación, demuestra que la minería ilegal, informal y el narcotráfico tuvieron y tienen una fuerte presencia en las zonas donde el conflicto social escaló a niveles de violencia muy altos.

Este análisis corroboraría lo que diversas fuentes, testimonios, videos e información oficial venían afirmando: la organización de los violentistas para atacar, saquear e incendiar estratégicamente locales de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, tendría detrás no solo a dirigentes con fines políticos como el Movadef, sino dirigentes de sectores vinculados a negocios ilícitos como la minería ilegal, la minería informal, el cultivo de coca y otros que, precisamente, durante el gobierno de Castillo recibieron una serie de beneficios o simplemente no fueron combatidos de forma directa.

¿Estuvieron o están estos sectores detrás de la violencia y su continuidad? ¿Podemos vincular la violencia desatada en Perú a fines de diciembre del 2022 y durante los dos primeros meses del 2023 con la ilegalidad? Lamentablemente no se puede asignar de forma simple una causalidad, pero los datos pueden ser muy útiles para desarrollar políticas específicas en estas regiones y prevenir nuevos brotes de violencia en el futuro.