Por qué no se puede postergar más la reforma tributaria

En realidad, desde 1990, los ingresos totales del gobierno general (todo el aparato público a excepción de las empresas estatales) han tenido una tendencia creciente. Solo en 2019 el Estado tuvo ingresos por S/152 mil millones. Pero aquí se consideran los ingresos tributarios como no tributarios. Estos últimos salen de las contribuciones que las empresas pagan a Essalud, de los aportes previsionales a la ONP, de las regalías de los sectores extractivos, del canon y otros ingresos más.

Lo que interesa en realidad son los ingresos tributarios. Aquí el esfuerzo por recaudar es bajo. En 2019, el promedio de países de América Latina recaudó casi 7 puntos porcentuales más que el Perú y con los países de la OCDE son 17 puntos de diferencia (ver gráfico). El otro problema es que la mayor parte de la recaudación peruana se basa en impuestos indirectos, como el IGV. En los países más desarrollados, son los impuestos directos (como el Impuesto a la Renta) los que más ingresos generan.

“Por la pandemia, que afectó al aparato productivo del país, el Estado sufrió un desplome en los recursos que recaudaba del 13.3%. Si lo que se recaudaba ya era poco, esto fue un deterioro enorme a las finanzas públicas”, señala Manuel Muñoz, analista económico de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP).

Lo otro es que el país posee, según lo hemos constatado en estas elecciones, demandas crecientes y pocas capacidades para satisfacerlas. “Nuestro sistema tributario no ayuda en generar redistribución de la riqueza para poder reducir constantemente las grandes brechas en el país. Es necesario que gane quien gane tenga la decisión y la voluntad política de iniciar una reforma tributaria”, apunta Muñoz.

¿Qué debe priorizarse? Según un análisis de la ACP, primero hay que aumentar la presión tributaria; segundo, formalizar la economía, que implica ampliar la base tributaria (personas que hoy no pagan deben comenzar a hacerlo); y tercero, que el sistema tributario peruano debe ser más progresivo (los que tienen más deberían pagar más).

“La única manera de dejar de depender de los impuestos indirectos es que formalicemos la economía. Mientras eso no pase, la única forma de sacarle impuestos al sector informal es a través del IGV”, sostiene el economista Nathan Nadramija.

Ninguna economía puede lograr el desarrollo si tiene altos niveles de informalidad. En el Perú llegaba al 72% de trabajadores antes de la pandemia, y la mujer era la más afectada. Hoy, según estimados del mismo INEI, puede estar cerca del 80%.

Este es un tema polémico del que pocos hablan. Como parte de la reforma tributaria, se podrían evaluar y deberían ir eliminándose de forma progresiva. Las exoneraciones se enfocan en ciertas zonas geográficas o actividades productivas y representan S/7,800 millones que el Estado deja de recaudar. Ahora, las inafectaciones, devoluciones y deducciones de impuestos son tres rubros que posiblemente sumarían otros S/8,000 millones.

Se debería analizar también el Régimen Único Simplificado (RUS) para pequeñas empresas. “El RUS hace que paguen (las pequeñas empresas) un monto fijo por un rango de ventas y eso no ayuda a formalizar a la empresa porque no le puede vender a una empresa formal, al no poder emitir factura; las mantiene en la precariedad”, dice Nathan Nadramija. “Ese RUS debe pasar a un régimen general de renta o especial de renta, que sí le permita vender al formal, porque el incentivo está ahí”, agrega el especialista.

Las decisiones sobre el gasto dependen de las regiones, pero el dinero proviene, en su mayoría, de transferencias del gobierno central. Cerca del 89% del presupuesto que gastan los gobiernos regionales vienen de ingresos del Ejecutivo, según un análisis de la ACP.

Es decir, la recaudación de los gobiernos regionales solo permite cubrir el 11% de los gastos que realizan. En conjunto, los gastos de los gobiernos subnacionales superan, en promedio, en S/37 mil millones a los ingresos. La descentralización fiscal es la que menos ha avanzado.