La bancada de izquierda Bloque Democrático Popular presentó un proyecto en el que plantea que “no esté permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio”.
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Esta propuesta, que atenta contra el empleo formal, tiene similitud con el cuestionado Decreto Supremo 001-2022-TR, emitido durante la gestión de la investigada exministra de Trabajo Betssy Chávez.
Dicho decreto fue declarado como barrera burocrática ilegal por Indecopi a través de la Resolución 270-2023.
“El motivo de ilegalidad radica en que el Ministerio de Trabajo contraviene el artículo 3 de la Ley de Servicios de Tercerización, el cual establece que los contratos de tercerización tienen por objeto que una empresa tercerizadora se haga cargo de una parte integral del proceso productivo, sin establecer limitaciones”, precisó en su momento Indecopi.
Según el laboralista Ricardo Herrera, si se aprueba la propuesta de la izquierda, sería inconstitucional porque afecta la libertad de trabajo, de empresa y de industria.
“Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que han aplicado la ley actual de tercerización porque es plenamente constitucional”, aseguró.
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