Repsol acuerda compensación final con más de 1,000 familias por el derrame de petróleo

Repsol informó que más de 1,000 familias afectadas por el derrame ocurrido en Ventanilla, firmaron acuerdos de compensación final con la empresa.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

02/09/2022 - 13:49

Repsol informó que más de 1,000 familias afectadas por el derrame ocurrido en Ventanilla, firmaron acuerdos de compensación final con la empresa.

Se trata de personas de los cinco distritos impactados de: Ventanilla , Santa Rosa , Ancón , Aucallama y Chancay , pertenecientes a diversas actividades económicas .

Los acuerdos de compensación final se realizaron mediante un proceso de diálogo con los colectivos representativos involucrados, y el proceso siguió los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas para estos casos .

Cabe mencionar, que las familias afectadas por el derrame fueron censadas en el Padrón Único de Afectados, cuya culminación fue comunicada recientemente por la Presidencia del Consejo de Ministros.

La empresa está a la espera del informe de evaluación para el retorno a las actividades o para la implementación de los planes de rehabilitación, en caso de ser necesario.

Derrame de petróleo

El derrame ocurrió el 15 de enero pasado, cuando el buque petrolero italiano Mare Doricum descargaba el hidrocarburo de la terminal 2 de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Lima.

A raíz de esta fuga, que Naciones Unidas calificó como “el peor desastre ecológico en la historia del país”, el litoral peruano recibió el vertido de unos 10,396 barriles de crudo, según datos de Repsol, mientras que las autoridades peruanas aseguran que fueron 11,900 barriles.

Debido a la catástrofe ambiental, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó una demanda judicial contra la compañía por US$ 3,000 millones por los daños causados por el derrame y otros US$ 1,500 millones por el daño moral a los consumidores, usuarios y afectados, una cifra que tiene que ser definida por un juez.

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