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Telefónica del Perú le pagará S/1,361 millones a la Sunat

Finalizó una controversia fiscal que tardó más de 20 años.

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Fecha Actualización
Telefónica del Perú informó que procederá con el pago de S/1,361 millones a la Sunat tras finalizar una controversia fiscal que tardó más de 20 años.
La empresa de origen español publicó dicha información en los Hechos de Importancia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Este pago se realiza en cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en la última instancia en enero de 2023, por la declaración del Impuesto a la Renta (IR) de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001.
El 17 de enero del año pasado, Telefónica ya había informado sobre resolución de la Corte Suprema y cumplió oportunamente con el debido provisionamiento de esta contingencia.
Con la conclusión de este caso, Telefónica afirmó su compromiso de continuar con el despliegue de infraestructura y la continuidad de sus servicios para consolidarse como el principal aliado de la transformación digital del país.
Como se recuerda, siempre dentro del marco normativo vigente, la empresa como lo haría cualquier otro contribuyente, indistintamente de su tamaño, condición o procedencia, cuestionó los reparos efectuados por la administración tributaria, por considerar que los mismos fueron arbitrarios y carentes de todo sustento.
Asimismo, como esta legítima controversia tardó en resolverse más de 20 años, por demoras no atribuibles a la compañía, la compañía cuestionó la aplicación indebida de interés moratorios fuera de los plazos establecidos por la ley y que había dado lugar a que el 80% del monto en controversia estuviera compuesto de intereses y multas.
Si bien el Tribunal Constitucional reconoció los argumentos de la compañía respecto al cómputo de los intereses, lamentablemente el Poder Judicial en última instancia validó alguno de los reparos hechos por la administración tributaria.
Por ello, aun cuando Telefónica del Perú está en total desacuerdo con lo resuelto por el Poder Judicial, en respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica procederá a efectivizar el pago bajo protesto.
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