¿Y si mejor empujamos la inversión privada?

Fecha Actualización

30/12/2020 - 19:04

Por Asociación de Contribuyentes del Perú

El nuevo ministro de Economía, Waldo Mendoza, afirmó que su estrategia consistirá en impulsar la inversión pública, la cual calificó como “la bala de oro para la reactivación” y que debería crecer dos dígitos en 2021, según sus estimaciones.

Sin embargo, muchos ministros anteriores han apostado por esta estrategia y fracasaron. Es cierto, como dice el ministro Mendoza, que hay disponible mucho financiamiento, pero es precisamente la ejecución final de estos el problema constante de los últimos años. Hace siete años que la inversión pública no crece. Lo que realmente se ejecuta rápido y tiene una dinámica mucho más flexible es la inversión privada pero el Estado hace tiempo que se olvidó de ella.

En cuanto a la inversión pública, según la Asociación de Contribuyentes del Perú, al 7 de diciembre, representa solo 68% de lo invertido en 2013, a pesar de que el gasto público es 30% mayor. Entonces, cada vez que un ministro afirma que la inversión pública levantará al país, esto no ocurre. Además, tengamos en cuenta que la inversión pública no es nada más que la utilización del dinero de los contribuyentes en compras, obras y proyectos que serán ejecutados a la larga por empresas privadas, y es en estas contrataciones y procesos en donde todo se traba y se pone difícil.

La inversión privada es el verdadero motor de la economía, pero en el Perú es eminentemente informal. Así, aunque genera riqueza y consumo, lo hace en niveles muy bajos de productividad y, por lo tanto, con niveles también muy bajos de salarios e ingresos.

La inversión pública debe ser una palanca de crecimiento pero no debería ser la “bala de oro”. La “bala de oro” debe ser generar regulación, leyes, trámites y en general un ambiente de negocios mucho más simple, amigable, y fácil para que muchos más empresarios quieran entrar en el sistema formal. Con nuestros bajísimos niveles de formalidad, no podremos soportar los gastos que tiene el Estado y la cuenta la seguirán pagando unos pocos.

Y es que esto de realizar proyecciones poco realistas con respecto a la inversión pública es una constante. Si vemos cómo es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha realizado sus proyecciones en los últimos años, siempre se ha dicho que superaría los S/40 mil millones en los siguientes uno o dos años. Sin embargo, nunca se cumplió, y hace años seguimos alrededor del mismo nivel.

Esperemos que el nuevo ministro pueda revertir esta tendencia, pero sobre todo esperemos que este gobierno no les ponga más trabas a las empresas formales y a la generación de trabajo formal.

Este secreto que tienes conmigo...

El titular de la Comisión de Defensa del Consumidor (CODECO) le exigió a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP /(SBS) que le entregue información reservada.

Luna Morales envió 19 oficios a la SBS para acceder a documentos, como la copia del archivo del flujo de sus comunicaciones, pero no se sabe para qué quiere también datos del registro de deudores, de la gestión interna de las entidades del sistema financiero y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En lo único que se escudó el congresista es en que el grupo que preside tiene desde agosto pasado facultades de comisión investigadora.

La SBS, a través de su titular, Socorro Heysen, alegó que el pedido de Luna Morales pone “en riesgo la reputación, la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos”. Demasiado descaro, ¿ no creen?

Sin trabajo y riqueza no hay impuestos

En Argentina se acaba de aprobar un “impuesto a la riqueza”. El país vecino toma esta decisión en medio de una de las peores crisis económicas y sanitarias de su historia, y un gobierno estatista que aplica sin demoras la receta del socialismo del siglo XXI.

En Perú no han sido pocos los congresistas que buscaron lo mismo. Sin embargo, para prevenir iniciativas tan equivocadas como la argentina, debemos entender que la recaudación de impuestos se incrementa principalmente cuando crece la base tributaria, es decir, la cantidad de personas que aportan al Estado para sustentar sus gastos. Aumentar impuestos en tiempos de crisis desmotiva la inversión, genera evasión y legitima una situación insostenible en la que pocas empresas y personas “pagan la cuenta” mientras la gran mayoría no aporta lo suficiente.