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Ilegales con bancada
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Siguiendo acaso una de esas oscuras ‘costumbres’ –como las describió la ‘mochasueldos’ recientemente suspendida– tan difundidas en el Congreso, un grupo de representantes logró impulsar la semana pasada la derogatoria, por la vía rápida y sin mayor debate o análisis, del decreto legislativo que buscaba poner freno a la violencia en las zonas mineras del norte del país.
Trámites festinados entre gallos y medianoche para complacer a los opulentos lobbies de la minería ilegal, a menudo camuflados bajo el membrete de simples, inofensivas empresas informales o emprendimientos artesanales.
Lobos disfrazados de ovejitas extraviadas en busca de ser admitidas por el rebaño de una semilegalidad, que en el caso de estos mineros sin ley, se convierte en impunidad para continuar operando delictivamente sin control alguno.
No es necesario ser muy zahorí para darse cuenta de que el engranaje de estas promulgaciones express tiene que haber sido proficuamente aceitado. Consultado por Perú21, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Carlos Gálvez fue más claro aún: “Congresistas que han sido pagados por la minería ilegal hoy están pasando sus leyes”.
Fueron 78 los legisladores que votaron a favor de la derogatoria de una norma que ponía los candados necesarios para evitar que los mineros informales, cuyas licencias habían sido suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), siguieran operando ilegalmente en concesiones de empresas mineras formales.
Y hablamos de parlamentarios que pertenecen a casi la totalidad de partidos o bancadas en el hemiciclo: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Perú Bicentenario, todos votando en feliz contubernio con organizaciones que manifiestamente operan fuera de la ley.
Porque la minería ilegal acarrea, a su vez, una serie de crímenes como sicariato, extorsión, trata de personas, trabajo esclavo con menores de edad, lavado de activos en complicidad con el narcotráfico y un largo etcétera.
Así como las universidades bamba y los colectiveros informales cuentan con grupos de parlamentarios que defienden sus intereses delictivos, sabemos ahora que los mineros ilegales tienen también presupuesto para congresistas.
Y no solo para congresistas. Si había quienes creían que el Poder Ejecutivo observaría el dislate, se equivocaron por completo. La noche del miércoles 20 el Gobierno promulgó la cuestión. Ya sabemos cómo funciona la cosa.
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