La tumba de Andrea Vidal Gómez, en Lunahuaná, no tiene grabado su nombre.
Una serie de chats pusieron al descubierto, semanas atrás, que Vidal, vinculada a una presunta red de prostitución en el Parlamento, realizaba actividades ajenas a las laborales dentro del horario de trabajo. Además, se le concedieron permisos irregulares para viajes al extranjero.
A casi 200 kilómetros al sur de Lima, dentro de un mausoleo familiar, yace el nicho sin lápida de la joven abogada. Han pasado tres meses desde que fue enterrada en ese antiguo cementerio, situado en las faldas de un cerro, y la única manera de identificar su tumba fue consultando con los lugareños.
Los restos de Andrea descansan en una de las cavidades que se levantaron dentro del sepulcro. Tiene dos jarrones de loza con rosas blancas que, al día de hoy, lucen marchitas.
Andrea pasó su juventud en Lunahuaná, de donde proviene su linaje materno. Incluso fue allá donde fundó, en 2019, la empresa Blueberry S.A.C., un negocio que mantuvo con su entonces pareja Miguel, dedicado a la compra y venta de artículos de plástico.
Haberla enterrado tan lejos del lugar donde la mataron a balazos es quizás la manera que encontró su familia de darle paz. Mientras, la Fiscalía sigue buscando, sin muchas luces, quién estuvo detrás de su homicidio.
Nicho donde descansan los restos de Andrea Vidal está dentro de un mausoleo familiar. (Javier Zapata/Perú21)¿Quién la mató?
En los días que Andrea Vidal agonizaba en una cama del Hospital 2 de Mayo llegaron a verla todos los protagonistas de esta trama que mezcla dolor, intriga y sangre.
Isabel Cajo y Alexandra Gil, sus compañeras de trabajo; su jefe Jorge Torres Saravia, a cargo de la Oficina Legal y Constitucional; y su novio, Rodrigo Falcón.
Según sus declaraciones a la Policía, acudieron por preocupación y para darle su apoyo en esas circunstancias.
Aunque poco pudieron hacer. Los siete impactos de bala que recibió en el taxi que la trasladaba de San Miguel a su casa, en La Victoria, el 10 de diciembre de 2024, terminaron con su vida una semana después, el 17 de diciembre. Apenas tenía 27 años.
Las investigaciones del asesinato, que lidera la fiscal penal Claudia Montero Soto, han podido establecer que el mismo tipo de balas descargadas por los sicarios fue usado en otros hechos registrados entre 2023 y 2024.
En una balacera sucedida en Comas el 28 de enero de 2023; otra ocurrida el 15 de mayo del mismo año en San Juan de Lurigancho, y una última que tuvo lugar en Villa El Salvador el 5 de noviembre de 2024, un mes antes de acribillar a Andrea.
Perú21 conoció que la fiscal Montero está interrogando a los agraviados y testigos que participaron de estos tres hechos, para tener más pistas de los delincuentes que portaban las armas.
Jorge Torres Saravia. (Congreso)Otra evidencia que se tiene es la placa de rodaje de una de las motos que conducían los sicarios. De acuerdo con fuentes consultadas, el Ministerio Público interrogó al titular de la matrícula y se constató que esta había sido clonada.
Además, se tienen videos grabados por las cámaras de peajes para dar con la identidad de los perpetradores.
Sin embargo, así se hubiera sabido en todo este tiempo quiénes fueron los autores del asesinato habría sido imposible detenerlos.
El 11 de diciembre último —curiosamente, un día después de la emboscada a Vidal—, el Congreso de la República derogó la “Ley de detención preliminar en casos de no flagrancia”. Solo criminales atrapados cometiendo el delito podían ser capturados.
Esa decisión del Parlamento no puede ser pasada por alto. Y es que la hipótesis fiscal apunta a que la fallecida era parte de una red de prostitución instalada en el Legislativo. La pregunta sigue sin contestar. ¿Alguien del Congreso ordenó su muerte?
Hace una semana, tres meses después del crimen, los congresistas restituyeron la detención preliminar plenamente. Recién desde ahora los asesinos podrán ser detenidos.
La doble vida de Andrea
Los chats e información extraídos del celular de Andrea, y la declaración de personas que confirmaron encuentros con ella, han llevado a que la Fiscalía tenga una conclusión definitiva: la víctima se dedicaba a brindar servicios sexuales.
La fiscal Evelyn Taboada, de la Fiscalía de Trata de Personas, es quien investiga la posible existencia de una red de prostitución en el Legislativo.
Según fuentes consultadas por este diario, el Ministerio Público tiene los recorridos que hizo Vidal Gómez a través de los taxis por aplicativo que llevan a hoteles y edificios donde operan los alojamientos de modalidad Airbnb. Se localizaban en San Isidro, Lince y La Victoria.
Incluso hay videos de cámaras de seguridad que muestran a Vidal y a Isabel Cajo, su compañera del Parlamento, ingresando a los hospedajes, de acuerdo a las mismas fuentes.
Uno de los clientes de la abogada asesinada narró a las autoridades que la contrató en dos oportunidades para tener relaciones sexuales y por cada servicio pagó S/700.
Isabel Cajo.Este contó que el trato lo hacía directamente con ella; no conoció a Jorge Torres Saravia ni a Rodrigo Falcón.
Las consultas por ambos personajes se debe a que, según la hipótesis, Torres habría sido el cabecilla de la red y manejado a conveniencia a las mujeres.
Falcón, por su lado, fue expuesto en los chats con su entonces pareja. En esas comunicaciones se constató que el administrador de empresas sabía que su novia se dedicaba a la prostitución e incluso la alentaba a continuar en esas actividades.
Lo que se ha corroborado también es que varios de los encuentros sexuales que tuvo Andrea sucedieron en horarios en los que debía estar trabajando en Palacio Legislativo.
Sus ausencias de su centro de labores se condicen con los chats que intercambió Jorge Torres en 2024, cuando no era parte del Congreso, con un funcionario de la Oficina Legal y Constitucional, para requerirle que justifique las inasistencias de “la china”, en alusión a Andrea Vidal. Sin estar a cargo, Torres tenía control sobre esa área.
Alexandra Gil.Era notoria la buena relación que había entre Torres y Vidal. La madre de esta última dijo a la Policía que el primero se portó bien con la familia y que incluso este fue a almorzar a su casa.
Según las fuentes, Isabel Cajo y Alexandra Gil declararon a la Fiscalía que el exfuncionario no les pidió favores sexuales ni se sobrepasó con ellas.
Pese a los avances, en los primeros 90 días que duró la indagación la fiscal Taboada aún no ha conseguido pruebas suficientes y, por ello, declaró complejo el caso y dispuso ampliar el plazo de investigación por ocho meses más, hasta octubre de este año.
Perú21 se comunicó con Juan Peña, abogado de Jorge Torres, quien no quiso dar declaraciones sobre el desarrollo de las pesquisas. No obstante, expresó su molestia porque su patrocinado no ha sido llamado a declarar para dar su versión.
“Se puede tratar de una estrategia de la Fiscalía para tener a los testigos en contra, pero ninguno de ellos ha hablado en contra de mi defendido”, manifestó.
Al menos seis personas planificaron y ejecutaron el asesinato de Andrea Vidal, según la Policía. Tan importante como capturar a los que dispararon el arma es detener a la mente detrás de semejante crimen. Ya es hora de conocer la verdad.
Comisión de Fiscalización no tiene evidencias sobre red de prostitución en el Congreso
Desde el asesinato de Andrea Vidal, el Congreso de la República ha hecho poco para conocer si se desplegó una red de prostitución en sus instalaciones. Por ejemplo, el Pleno nunca le otorgó a la Comisión de Fiscalización, a cargo del caso, facultades de comisión investigadora para obligar a los involucrados a comparecer cuando fueran citados.
Las diligencias desplegadas por el grupo de trabajo que preside Juan Burgos se limitaron a convocar testigos, solicitar documentación interna sobre contrataciones y tomar la declaración de sus trabajadores.
La manifestación de más importancia fue la de Jorge Torres Saravia, exjefe de Vidal en la Oficina Legal y Constitucional, y señalado de manejar los hilos de la presunta red. Torres negó las imputaciones.
Isabel Cajo y Alexandra Gil, extrabajadoras que fueron comprometidas con el ofrecimiento de servicios sexuales, no asistieron al Legislativo para declarar. Tampoco lo hizo el exenamorado de la fallecida, Rodrigo Falcón.
El congresista no agrupado Carlos Zeballos dijo a Perú21 que no se han conseguido evidencias que corroboren la existencia de una red de prostitución y que las conclusiones solo apuntan a que hubo irregularidades en la contratación de personas que no cumplían con el perfil para sus puestos.
“Estas señoritas habrían ingresado al Congreso con documentos falsos, no cumpliendo el expertiz para sus puestos. El oficial mayor dijo que no recuerda quién le dio las hojas de vida de estas personas. Es una incógnita cómo llegaron al Congreso”, comentó el integrante de Fiscalización.
Otro miembro de la comisión, que pidió mantener su identidad en reserva, cuestionó a Burgos por no compartir documentación con sus colegas. Refirió que tampoco se tienen pruebas sobre una organización que contrató a trabajadoras sexuales.
Zeballos, en tanto, estimó que el informe final debería presentarse antes de la semana de representación, que inicia el 24 de marzo, para someterse a votación.
“Ante la negativa de declarar de los últimos invitados se han cerrado las citaciones, según dijo el presidente Juan Burgos, y ya se está elaborando el documento con las conclusiones”, expresó el parlamentario.
Solo queda confiar en que el Ministerio Público llegará a la verdad del crimen.