El 25 de marzo llegó al Poder Judicial la última movida de Andrés Hurtado para conseguir, en el menor tiempo posible, su libertad.
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A través de su equipo legal, liderado por el abogado Elio Riera, ha presentado ante la Corte Suprema una solicitud formal para que se declare improcedente la acción penal en su contra.
Esta estrategia legal, conocida como “excepción de improcedencia de acción”, es una herramienta que permite a la defensa argumentar que, incluso tomando como ciertos los hechos que se le imputan a Hurtado, estos no constituyen un delito según las leyes peruanas. En otras palabras, ‘Chibolín’ y Riera le están diciendo al juez supremo que no hay base legal sólida para que se siga adelante con el proceso penal.
La defensa de Hurtado se apoya en el principio de legalidad, el cual establece que nadie puede ser castigado por un acto que no esté claramente definido como delito en la ley.
Tal como se lee en el documento al que accedió este diario, el equipo de Elio Riera argumenta precisamente esto, señalando que la excepción de improcedencia de acción se presenta cuando “el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente”.
Según lo dispuesto por la Corte Suprema en la resolución, el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados, a través de su defensa, no solo busca la declaración de improcedencia, sino que también solicita formalmente que se ordene el sobreseimiento definitivo por el presunto delito de tráfico de influencias y, en segundo lugar, la anulación de los antecedentes penales y judiciales que pudieran haberse generado a raíz de esta investigación.
La defensa se ampara en diversos artículos del Código Procesal Penal para sustentar estas peticiones. En respuesta a esta solicitud, el juez Juan Carlos Checkley ha dispuesto convocar a una audiencia para debatir los fundamentos de la excepción de improcedencia de acción. Esta audiencia se llevará a cabo de manera virtual el próximo martes 22 de abril de 2025, a las 15:00 horas, a través de la plataforma Google Meet.
Como se conoce, Checkley es quien controla la investigación del fiscal supremo Alcides Chinchay en la que se sindica a Hurtado Grados de haber sido el intermediario del pago de una coima de US$1 millón en favor de la detenida fiscal superior Elizabeth Peralta.
Al respecto, el abogado Elio Riera respondió a Perú21 que participará en la audiencia virtual junto a su patrocinado. Además, añadió que está a la espera de la programación de la audiencia de cese de prisión preventiva, que debería agendarse en abril.
“No tienen nuevos elementos de convicción y, si son los mismos que se van a analizar, no tiene sentido que el señor Hurtado esté preso”, dijo a este diario.
Intentos fallidos
Parece ser que las fichas de Elio Riera no están funcionando. Y es que los recursos para intentar sacar al papá de Josetty y Génessis Hurtado de la cárcel no dejan de llegar.
Ya antes el abogado presentó al juez supremo Juan Carlos Checkley un pedido para variar la prisión preventiva que pesa sobre su patrocinado, desde el 2 de octubre pasado, sindicado de ser el mediador de una millonaria coima entregada. Este pedido fue rechazado.
Además, también presentó el habeas corpus que, por la vía constitucional, busca declarar la nulidad de la prisión preventiva de Hurtado Grados. Sin embargo, se sabe que este recurso podría demorar aún meses en resolverse si llega al Tribunal Constitucional.
La desesperación del exconductor de Sábado con Andrés es tal que incluso desde prisión está inmerso en un nuevo caso de pago de coimas.
Tal como dio a conocer Perú21, Russell Robles, ahora exabogado de Andrés Hurtado, contó a la Fiscalía que el exconductor de TV le dio US$20,000 y S/12,500 para sobornar al juez supremo Juan Carlos Checkley y así conseguir su libertad antes de la Navidad de 2024. Eso sí, el letrado dijo que engañó al excómico porque nunca conoció al magistrado.
Además de la Fiscalía de Lavado de Activos, Hurtado tiene detrás a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual ha iniciado una investigación sobre el secreto bancario del exconductor debido a reportes de movimientos inusuales detectados por la UIF en empresas con las que está vinculado. La evidencia muestra que deshacerse de la justicia seguirá siendo un trabajo arduo para ‘Chibolín’ y su abogado.
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