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Jueces en la mira por el caso Los Orellanas de la Pesca [INFORME]
Caso ya lleva más de dos años sin resolverse en la Fiscalía. Denunciados niegan las imputaciones. Trama que implica al empresario pesquero Mildo Martínez pasó a ser investigada por la Fiscalía anticorrupción y de lavado.
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Hace más de dos años se denunció desde el norte del país un complejo caso denominado como Los Orellanas de la Pesca, en donde se atribuye al empresario Mildo Martínez Moreno, de la Pesquera Hayduk, el apoderarse a través de presuntos testaferros y argucias legales de embarcaciones —y sus respectivas licencias de pesca— en Chimbote.
La denuncia, que compromete también a un grupo jueces y exjueces de la Corte del Santa y de Lima, fue presentada el 4 de setiembre del 2019 ante la Fiscalía de Crimen Organizado por el ciudadano Henry Castillo Segura, que se presenta como uno de los agraviados.
Pero desde esa fecha, poco se ha avanzado en las pesquisas que deben determinar responsabilidad en este entramado legal y el caso sigue abierto. A Martínez y a otros seis imputados se les acusa de organización criminal, falsificación de documentos, falsedad ideológica, fraude procesal, defraudación, cohecho y tráfico de influencias.
“Inmediatamente hay un problema, un litigio con una propiedad, lo que hacen es buscar personas que aparentemente la reclaman y, a través de compra de testigos, autoridades y falsificar documentos, buscan quedarse con ellos”, dijo a Perú21 Reynaldo López Viera, abogado de la empresa Pesquera E&M S.A.C., que disputa la embarcación “El Plebeyo”. En el proceso hay, además, al menos otras cuatro: “Huallaga 4", “Don Abelardo”, “Marilú” y “Chao 8".
Siguiendo el rastro
Si bien en un inicio fue el subsistema de crimen organizado el que comenzó las primeras indagaciones, a través de la Tercera Fiscalía Supraprovincial, luego de más de un año y cuatro meses se dirimió competencia. Así, fue recién en enero del 2021 que se derivó el expediente a la Fiscalía Anticorrupción del Santa, al haber funcionarios implicados; y otro extremo a la Fiscalía de Lavado de Activos, por los indicios de ese delito.
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Pero conforme avanzaba ese año, el expediente también pasó de un despacho a otro al interior de ambas fiscalías. A nivel de lavado de activos, primero llegó al Callao y, desde ahí, fue derivado luego al Santa por jurisdicción. En lo que concierne a anticorrupción, que tiene la mayor parte, hubo discrepancias sobre qué despacho debía investigar pues había jueces de primera instancia entre los denunciados, pero también superiores.
Recién en setiembre del año pasado, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción resolvió archivar el caso respecto a ocho jueces con dicha condición. Y es a partir de esta decisión que la Fiscalía Superior Anticorrupción del Santa ha dispuesto —el último 9 de diciembre— abocarse a las investigaciones seguidas contra el empresario pesquero y otros que fueron enviadas desde Lima.
En la disposición, a la que accedió Perú21, también se resolvió abrir investigación preliminar contra seis jueces y exjueces del Santa y Lima: Ricardo Alza Vásquez, Alfredo Cuipa Pinedo, Manuel Encarnación Toscano, Miguel Sánchez Cruzado, Hugo Velásquez Zavaleta y Miguel Armijo Zafra, quienes, según la denuncia, “habrían participado del plan fraudulento de la organización criminal y, por tanto, también la integrarían”.
Los citados magistrados vieron en primera instancia procesos de ejecución de garantías, medidas cautelares, demandas de amparo y otros recursos judiciales sobre las pesqueras en disputa.
La investigación fiscal, que en su caso es por presunta organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, ha sido declarada compleja y se dispuso como plazo de investigación 36 meses. Para ello, se ha requerido el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía (Dircocor) para las diligencias.
Los denunciantes insisten en que existe un “modus operandi” establecido para apropiarse irregularmente de embarcaciones pesqueras al norte del país que tendría detrás al hombre fuerte de Hayduk. Desde la otra parte, en tanto, niegan los cargos.
Perú21 logró contactarse con los jueces Alza y Cuipa, quienes siguen en funciones en juzgados civiles de la Corte del Santa. Alza, quien es cuestionado por el caso de la embarcación “Don Abelardo”, dijo estar con la conciencia tranquila de haber resuelto de forma correcta y que, en su momento, ya la OCMA desestimó una queja en su contra. “Que se esclarezca, porque acá hay otros trasfondos”, apuntó, al indicar que se allanará a las investigaciones.
Similar postura tuvo Cuipa, que estaría inmerso por el caso “El Plebeyo”, al incidir en que su resolución fue confirmada en segunda instancia y además por la Corte Suprema, en donde no se halló “ningún tipo de irregularidad”. “Emití una sentencia en función a mi criterio y, como le repito, fue confirmada en su momento por los superiores”, subrayó. Ambos dijeron que todavía no habían sido notificados.
En tanto, Mildo Martínez respondió a este diario que la denuncia carece de sustento y que fue presentada por una persona que “ya ha sido condenada por difamación”, y cuyo propósito es “obtener dinero” y sustentar otro proceso judicial en curso.
“Aunque creo que esta denuncia debió ser archivada en forma inmediata, entiendo que las autoridades deben realizar una investigación y que eso toma tiempo”, aseveró.
La defensa de Martínez ve previsible que, al igual que en el caso de los jueces superiores, el caso finalmente pase al archivo. Los denunciantes, en tanto, creen que recién las investigaciones comenzarán a avanzar.
TENGA EN CUENTA:
-De los seis jueces en la mira de la Fiscalía Anticorrupción, solo dos siguen actualmente en funciones: Ricardo Alza y Alfredo Cuipa.
-En Lima, el juez Hugo Velásquez Zavaleta fue suspendido del cargo en abril del año pasado por el caso Los Cuellos Blancos.
-En tanto Luis Armijo fue destituido del cargo de juez especializado en lo civil en 2010.
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