Cuellos Blancos: a casi seis años del escándalo solo cayó un pez gordo

Fecha Actualización

27/01/2024 - 07:00

Antes de ser defenestrado por pedido de la coordinadora Magaly Quiroz, en diciembre pasado, el fiscal Cristhian Alfaro presentó dos acusaciones que tienen como protagonista al empresario Mario Mendoza, uno de los financistas de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Se trata de los avances más sólidos que ha registrado el equipo especial en los últimos meses, pero poco pareció importarle a Quiroz, quien estuvo más concentrada en disponer videovigilancias ilegales.

La situación del equipo especial del caso Cuellos Blancos, que en 2018 prometía encarcelar a los jueces y fiscales que tuvieron clara participación en esta red criminal, es desalentadora.

En casi seis años, y con 230 casos abiertos, ha conseguido apenas ocho condenas. La prueba más clara de esta negliencia es que el principal cabecilla y protagonista de los audios, el exjuez supremo César Hinostroza, camina libre e impune por Europa sin que nadie lo busque.

En este contexto, Magaly Quiroz prefirió deshacerse de los fiscales que le pidieron explicaciones sobre el espionaje y renovar con otros que le sean leales antes que correctos.

La probidad de la fiscal superior ha sido puesta en duda, al punto que el fiscal supremo Franklin Tomy la separó de la investigación contra la exfiscal Rocío Sánchez por no garantizar imparcialidad.

Números en rojo

La mayoría de sentencias emitidas por el Poder Judicial en el caso Cuellos Blancos son de terminación anticipada. Es decir, un proceso en el que el investigado ha reconocido sus delitos y quiere que su proceso no pase por un largo juicio.

Un ejemplo de ello es el del exjuez Ricardo Chang. Chang fue sentenciado a cinco años de cárcel en 2020 tras confesar que Hinostroza lo apoyó en su ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y a cambio, tiempo después, favoreció a este último en un proceso de beneficios laborales.

De acuerdo a registros fiscales, a los que Perú21 tuvo acceso, hasta el año pasado solo existían seis condenas de este tipo conseguidas a nivel de Fiscalía Suprema y una en Fiscalía Provincial, lograda cuando se encontraba la hoy exfiscal Rocío Sánchez, antes de 2021.

Esa última sentencia fue dictada contra Verónica Rojas Aguirre, exfuncionaria de la Corte del Callao.

Aguirre conversó con el exconsejero Guido Aguila para que este, a su vez, pida al entonces presidente de esa jurisdicción, Walter Ríos, que la promueva como jefa de la Unidad de Administración y Finanzas sin tener los requisitos para ocupar el puesto.

Ríos, en tanto, es el único colaborador eficaz. Sin embargo, la exfiscal Sánchez ya ha declarado que la Fiscalía Suprema no ha considerado declaraciones del exjuez chalaco sobre las investigaciones contra altos magistrados.

Pese a ello, a Ríos Montalvo, el que negociaba procesos penales y pedía “diez verdecitos” a cambio de ese ilegal trámite, se le redujo la pena a 12 años de prisión.

Bajo la coordinación de Quiroz —designada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena— el equipo especial ha pasado un umbral tenebroso.

Además de iniciar investigaciones secretas con Rocío Sánchez y cuatro policías de la Diviac, en un audio que protagonizan la jefa del equipo y Cristhian Alfaro se deja entrever que se pretendía sembrar testigos para mantener abiertas esas investigaciones.

El objetivo, según se colige de las escuchas, era llegar al jefe de la Diviac, el coronel PNP Harvey Colchado, a cargo del equipo policial contra la corrupción del poder.

Si bien Quiroz rechazó esa posibilidad, también dijo que no se hizo seguimiento a periodistas, afirmación que fue desmentida por los propios agraviados.

Tenga en cuenta

-El Congreso de la República no aprobó las denuncias contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, sindicados en el proceso. No obstante, la Junta Nacional de Justicia destituyó a ambos de sus cargos.

-Los cuatro policías de la Diviac que son investigados trabajaban en el equipo especial con la exfiscal Rocío Sánchez.

-Según Quiroz, Sánchez operó para excluir de las indagaciones al abogado José Luis Castillo Alva

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