Dina Boluarte mantiene en secreto las visitas a la residencia presidencial

Boluarte ha evidenciado de esta manera una falta de transparencia que ha quedado plasmada en las distintas respuestas a los pedidos de información que Perú21 ha presentado desde mayo de 2023. El Ejecutivo se niega a entregar el registro de ingresos a la residencia presidencial.

Palacio se ha justificado de diferentes maneras, siempre basándose en una norma que los expertos consultados por este diario han calificado de “ilegal” desde que fue emitida.

Se trata de la directiva N°001-2022-DP/SG, aprobada velozmente el 1 de junio de 2022 (ver recuadro), que modificó una directriz aprobada durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para crear un punto ciego.

La directiva de PPK (la N°005-2017-DP/SSG) regulaba los accesos a Palacio de Gobierno. Obligaba al registro total y completo de cada personaje que quería ingresar a Casa de Pizarro por cualquiera de las puertas conocidas.

Estamos hablando, incluso, de un permiso especial de aquellos que querían visitar a algún funcionario pasadas las 7:00 p.m. La familia presidencial no tenía una puerta de ingreso en específico y, de haber invitados, tenían que avisar con 48 horas de anticipación sus visitas. De no ser así, se tenía que seguir un procedimiento. Todo era registrado.

Así lo confirmó, por ejemplo, el exministro del Interior José Elice, quien se desempeñó en dicho cargo cuando Francisco Sagasti era presidente.

“(La norma de Castillo) sí entraña un peligro para la seguridad nacional porque es importante tener un control estricto de los ingresos y salidas de Palacio de Gobierno y es algo que se utiliza desde hace muchísimos años atrás”, indicó a Perú21.

Por otra parte, explicó que dentro de cada acceso de Palacio había un sistema de seguridad electrónica que es muy estricto; registraba no solo la identificación de la persona que ingresaba, sino también los maletines y otros objetos que cargaran consigo.

Este registro era manual y a través de cámaras de seguridad. “Es necesario, por transparencia, que exista el control estricto de ingresos y salidas; me parece increíble que haya sido desactivado”, cuestionó Elice.

Pero el expresidente Pedro Castillo y su entorno no pensaron lo mismo.

El cambio de norma dispuesto por Castillo sucedió en 2022, luego del escándalo de la casa de Sarratea.

En esa vivienda de Breña, propiedad del prófugo empresario Alejandro Sánchez, el entonces gobernante mantuvo reuniones clandestinas con funcionarios, ministros y proveedores del Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, era el centro de operaciones de la corrupción, ya que se coordinaba la repartición de obras y puestos públicos.

Ante esto, al exmandatario y su círculo no se les ocurrió mejor idea que cambiar la directiva N°005-2017-DP/SSG, que, cuando fue aprobada, buscaba unificar los criterios de los procedimientos que otorgaban seguridad al presidente, vicepresidente, familia presidencial y el personal de Despacho Presidencial.

Durante la gestión castillista, el jefe de la Casa Militar, José Antonio Mariscal Quiroz, elaboró un reporte en el que aseguró que no existía un plan de seguridad que integre las operaciones de protección al presidente y su familia, pese a que había uno que estaba vigente desde 2017.

Mariscal Quiroz señaló que “los escenarios actuales de inseguridad obligan a reformular los procedimientos de seguridad y producto del Estudio de Seguridad se han identificado nuevas amenazas que pondrían en riesgo la seguridad del presidente de la República, familia presidencial e instalaciones”.

Fue así que, con la directiva N°001-2022-DP/SG, se creó el punto ciego en Palacio, que no regula los ingresos a la residencia presidencial. Es decir, este acceso quedaba fuera de los controles de transparencia.

Pero eso no es lo más grave. La norma de Castillo estipula que este acceso es exclusivo “para el ingreso y salida del domicilio oficial (Residencia) del presidente de la República, familia presidencial e invitados”.

¿Quiénes son los invitados? Las personas naturales y representantes de personas jurídicas, según la misma directiva. Es decir, cualquier persona que desee entrar a Palacio, incluso representantes de empresas. Esta es la información que se oculta a todos los peruanos. Lamentablemente, la presidenta Dina Boluarte ha decidido mantener la vigencia de esta norma.

Este diario hizo un pedido invocando la Ley de Transparencia en busca de conocer quiénes visitaban a la mandataria Dina Boluarte. Han pasado tres meses y esa solicitud fue denegada por el Despacho Presidencial.

El primer argumento fue que no había personal policial en la puerta de acceso a la residencia. Luego se nos indicó que, si se enviaban los nombres de los visitantes, se pondría en evidencia la identidad del personal de seguridad de la familia presidencial.

Tras ese rechazo, Perú21 recurrió al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, instancia que desacreditó los argumentos de Presidencia y le ordenó remitir la información.

Si bien entregaron el registro de ingreso de la puerta Literatura, ubicada por Desamparados, solo se contempló al personal de servicio.

Lo sorprendente de este reporte fue que Palacio asegurara que no tienen registro del ingreso de personas por la puerta Literatura entre el 1 de diciembre de 2022 y el 22 de enero de 2023. Se limitaron a decir que esa información no existe.

Y, pese a la decisión del tribunal, una vez más negaron la entrega de las visitas a la residencia alegando que esa puerta “no se encontraría obligada de contar con un registro” ni de implementar un plan de transparencia.

Entonces, ¿la residencia no cuenta con una lista de visitas? ¿Es así como Nicanor Boluarte, el influyente hermano de la mandataria, ingresa a Palacio y por eso nadie se entera?

Desde Presidencia señalaron a este diario que la información referida a los ingresos y salidas de las puertas Literatura y Residencia “se clasifica como información reservada que se enmarca en el plan de seguridad de Palacio de Gobierno a cargo de la Casa Militar del Despacho Presidencial”.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, dijo a Perú21 que la norma es “ilegal” al considerar que el nivel de privacidad de la mandataria debe ser “mínimo” por la alta capacidad de decisión que tiene la jefa de Estado.

“La presidenta debe cumplir con su propia política de lucha anticorrupción y aquella norma ha servido precisamente para ocultar actos ilícitos; además, se sabe que una de las razones por las que se ocultó eso precisamente era para cometer actos ilegales. ¿Por qué mantener la norma que lo hizo posible?”, inquirió Lanegra.

Boluarte despotrica de Castillo, pero parece cómoda con el oscuro mecanismo que le dejó instalado.

La directiva N°001-2022-DP/SG —que abre las puertas de la residencia presidencial a familiares, empresarios e invitados de la presidenta Dina Boluarte sin necesidad de que se registren— fue elaborada por el entonces jefe de la Casa Militar, José Antonio Mariscal Quiroz, el 31 de mayo de 2022 a las 8:20 p.m. El general del Ejército fue designado a ese puesto el 14 abril de 2022 mediante una resolución suprema firmada por el expresidente Pedro Castillo y su entonces primer ministro Aníbal Torres.

La norma le sirvió al militar cajamarquino para usar la residencia a su antojo y encubrir a Castillo Terrones y a sus allegados. En agosto del año pasado, Mariscal Quiroz fue uno de los funcionarios que retrasaron el ingreso por más de una hora del equipo especial de fiscales y la Policía al recinto presidencial cuando intentaban detener a la cuñadísima Yenifer Paredes.

El primero en dar luz verde a la directiva fue Niamey Jorge Balcázar Ramos. Al director general de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización le tomó solo ocho minutos revisar y avalar el documento de 13 páginas, como se deduce por su firma electrónica.

Balcázar también estuvo vinculado a los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas durante el mandato de Castillo. Por este hecho, la Contraloría le pidió informar si el Despacho Presidencial había regulado el destaque del coronel EP Ciro Bocanegra Loayza (quien se desempeñó como asesor del presidente sin haber sido designado mediante una resolución). En respuesta, el funcionario indicó que el Despacho no contaba con una normativa interna para dicho procedimiento.

La directiva también pasó por las manos de Carlos Alberto Rodríguez Monzón, director de la Oficina de la Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial. A las 9:45 p.m. el funcionario terminó de revisar el documento elaborado una hora antes.

Rodríguez es otro de los funcionarios que obstruyeron las diligencias para capturar a Paredes, según consta en el acta elaborada por el fiscal Hans Aguirre.

¿Cuánto tiempo le tomó a Jorge Alva Coronado, secretario general del Despacho Presidencial, aprobar la directiva? Menos de 24 horas. El funcionario firmó el documento a las 12:56 p.m. del 1 de junio.

Según un informe de la Contraloría, Alva no contaba con la experiencia para ocupar el cargo de secretario general, lo cual ponía en riesgo “la idoneidad de los actos administrativos emitidos durante el ejercicio de cargo en la entidad”. Y eso se demostró con la directiva que aprobó, en menos de un día, para garantizar el secretismo con el que se tapó la corrupción.