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El premier Aníbal Torres quiere imponer rondas urbanas paralelas a la Policía
La “nueva” Constitución se ha convertido para el gobierno de Pedro Castillo y los seguidores del sentenciado Vladimir Cerrón como la solución a absolutamente todos los males del Perú. Y así se viene promoviendo falsamente. Uno de esos males, la inseguridad ciudadana, es un problema que el 53% de peruanos cree que debe ser la real prioridad del Ejecutivo, según Ipsos.
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La “nueva” Constitución se ha convertido para el gobierno de Pedro Castillo y los seguidores del sentenciado Vladimir Cerrón como la solución a absolutamente todos los males del Perú. Y así se viene promoviendo falsamente. Uno de esos males, la inseguridad ciudadana, es un problema que el 53% de peruanos cree que debe ser la real prioridad del Ejecutivo, según Ipsos.
En una entrevista reciente en Canal N, cuando se le insistió al premier Aníbal Torres de que la Asamblea Constituyente no es prioridad para los ciudadanos, sino, justamente, la inseguridad, el jefe del Gabinete no desaprovechó la oportunidad y –en lugar de mencionar medidas concretas– respondió que precisamente en un nuevo texto constitucional se abordarían acciones para combatirla.
“La Constitución actual considera a las comunidades campesinas, y en los lugares donde hay las rondas campesinas, allí no hay delincuencia. Muy bien. (En) una nueva Constitución se puede optar por las rondas urbanas, que colaborarían enormemente en el combate a la delincuencia porque nuestra Policía, si bien es cierto está actuando eficientemente, es insuficiente en cuanto a número”, aseveró Torres.
Este planteamiento de tener una suerte de “milicia”, un grupo paralelo a la Policía en las zonas urbanas no es algo nuevo, sino un anhelo que se arrastra desde la campaña, mencionado por Pedro Castillo incluso en su primer mensaje a la nación en julio.
Pero, a buena cuenta, lo que se busca es replicar modelos extranjeros, como las milicias civiles de Cuba, Nicaragua o Venezuela, prácticamente fuerzas de choque al servicio del poder de turno.
Así lo advierten especialistas consultados por Perú21, quienes consideran que esta definitivamente no es una verdadera solución frente a este flagelo y que, todo lo contrario, podría traer consecuencias mayores.
El exministro del Interior Carlos Morán remarcó que esta propuesta “necesita mayor evaluación y reflexión”, y coincidió en que hacer ello sería abdicar en el rol que tiene el Estado. Recordó que la comunidad organizada ya puede participar en el combate de la inseguridad, a través de juntas vecinales, entre otros, “pero crear una figura así y darle organicidad y ampararlo en un marco legal es riesgoso”.
“Ha habido experiencias donde, amparado bajo una figura legal, se puede armar a ciudadanos. Y aunque no sean letales, pueden causar daños a otros. Y esto, ¿quién lo supervisa? Es bien difícil. Estamos en una convulsión política-social que podría desbocarse si, en vez de fortalecer a las instituciones, apostamos por la creación de otras figuras”, indicó a este diario.
En tanto, el exministro del Interior Remigio Hernani mencionó que ya existe una ley de rondas campesinas, y que ello las circunscribe únicamente a las zonas andinas y rurales.
“En realidad lo que quieren hacer es una guardia de su pretendida revolución, como hay en Venezuela, en Nicaragua, que reprimen al pueblo y asesinan a los ciudadanos que protestan. Quieren una guardia paralela, pero pagada por el Estado”, señaló Hernani, quien subrayó que ello sería un riesgo y que “eso no puede pasar”.
Por su parte, el exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, hizo referencia a que ni siquiera actualmente se viene cumpliendo estrictamente lo que refiere la ley de rondas campesinas, pues las mismas “tienen cantidad de juicios por lesiones, en muchos de los casos; y en otros hasta por muerte, porque se han excedido” de sus atribuciones.
“Esto, básicamente, es una copia de lo que tiene en Cuba, en Venezuela. Es preocupante”, subrayó respecto a la propuesta del Gobierno.
En opinión de José Luis Gil, exagente del GEIN de la Policía, “la estrategia hacia el socialismo continúa sin ninguna variación” y, para ello, “el control de la ciudadanía por medio de las fuerzas de seguridad es casi una obligación”.
“Necesitan crear fuerzas de seguridad paralelas, por eso promueven el tema de los ronderos o cualquier otra forma de organización con poderes o capacidad coercitiva para contener a los opositores, incluso a los ciudadanos que se opongan masivamente”, mencionó Gil.
Ronderos han sido denunciados por abusos y torturas a comunidades
Las rondas campesinas se crearon en los años 70 –estas nacen en Cajamarca, entre las comunas de Chota y Bambamarca– cuando los pobladores de las zonas rurales más alejadas no encontraron en el Gobierno la seguridad y justicia que solicitaban al Estado.
Es por esta razón que los propios comuneros decidieron juntarse y hacer “rondas” para proteger sus familias y ganado de ladrones e intrusos. Ya para los 80, el gobierno creó una normativa especial para ellos y los reconoció oficialmente como rondas campesinas. Fueron dotados de armas para su defensa y se comenzó a replicar el modelo en otras partes del Perú.
Sin embargo, pese a que esto inició como una medida de apoyo a las comunidades donde la Policía Nacional no llegaba, las formas de aplicar justicia se fueron distorsionando con el pasar del tiempo y se comenzaron a cometer abusos contra pobladores inocentes.
Brujas y castigo
En el año 2014, se dio a conocer el polémico caso de la muerte –a manos de ronderos– de una mujer de 68 años. Ella era Elesmira Zárate Argomedo, a quien un grupo de estas rondas culpó de brujería, por lo que decidieron secuestrarla y violentarla.
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El cuerpo de la afectada mostró lesiones en el estómago, el cuello y moretones en las piernas, además de signos de haber sido estrangulada. La situación se dio porque uno de los ronderos la culpó de maldecir a su hijo y provocarle una enfermedad que terminó con el fallecimiento del joven.
Esto se repitió en el año 2018, cuando encontraron a otra anciana degollada por el mismo motivo. Para 2019, dos mujeres culpadas de realizar brujería en un cementerio fueron secuestradas y obligadas por los ronderos a pasear desnudas por su comuna.
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Sobre estos casos, el abogado penalista Daniel Huamán aseguró que los ronderos debieron recibir una sanción penal ya que fue “una afectación directa contra la vida y no puede ser permitida en el sistema jurídico”.
Casos similares
Entre los años 2016 y 2017 los pobladores denunciaron que los ronderos proferían latigazos a personas sin tener fundamentos concretos. En otros casos, por venganza, actuaban de la misma forma contra jueces, miembros de la Policía, exgobernadores, entre otras autoridades.
En tiempos de pandemia, maltrataban a aquellos que se negaban a participar de las manifestaciones que ellos convocaban, o si alguna persona no colaboraba con dinero o artefactos para sus eventos.
TENGA EN CUENTA:
Para Morán, se requiere fortalecer a la PNP “y eso tiene que ver con el respeto a las normas y reglamentos internos, modernizando la infraestructura y la capacidad logística, que no es una preocupación de estos últimos años”.
También mencionó el incremento de presupuestos e incentivos para que los jóvenes puedan apostar por la carrera policial.
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