Lo llamaban al celular para pedirle 5,000 soles por un supuesto servicio de mecánica realizado en la calle.
Se trataba de una banda de falsos mecánicos que de manera audaz interceptó a un novato chofer con el cuento de la llanta desalineada en una transitada avenida de Lima. La "refacción" y "los nuevos repuestos" tenían que ser pagados vía transferencia bancaria o en efectivo. Cuando la víctima se negó a pagar empezaron los problemas. A través del teléfono móvil comenzaron las amenazas: "si no pagas te vas a arrepentir", "tienes que pagar por lo servicios".
Claramente, el novato al volante había caído en manos de los falsos mecánicos.
Con el número de celular registrado, la víctima acudió a una sede policial para poner la denuncia. La ley de flagrancia lo amparaba. Pasó una hora, y la policía tenía la geolocalización del número de donde provenían las amenazas. No era una dirección. Era una georreferencia de una zona que comprometía 500 metros a la redonda en el distrito de La Victoria.
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De inmediato la Policía montó un operativo para peinar la zona con la ubicación proporcionada por el teleoperador. El tráfico vehicular, semáforos malogrados y otros eventos externos hicieron que el trayecto para llegar al área en cuestión demore aproximadamente cuarenta minutos. No hubo suerte. Los delincuentes también se trasladaron hacia otro distrito y hasta cambiaron la tarjeta SIM.
Este es solo un ejemplo de lo que vive día a día la Policía de la Dirección de Investigación Criminal y otras unidades especializadas con la norma que permite la geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos. No hay inmediatez, no hay exactitud, mientras que del otro lado, los delincuentes, sí tienen las herramientas para seguir extorsionando y amenazando a los ciudadanos.
VA QUEDANDO OBSOLETO
Desde la promulgación de la Ley 31284 en julio de 2021 –la cual modificó el Decreto Legislativo 1182 de 2015 y el protocolo de acceso a los datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos– se estableció un marco legal que autoriza a la Policía a acceder a datos de ubicación en casos de flagrancia o durante investigaciones preliminares de delitos graves. La normativa obliga, entre otras medidas, a que las operadoras de teléfonos entreguen esta información en un plazo máximo de 24 horas.
Sin embargo, la dependencia exclusiva en las teleoperadoras —como Telefónica— para contar con datos actualizados ha demostrado ser un eslabón débil en la cadena de responsabilidades en el combate a la inseguridad ciudadana. La Policía depende de los teleoperadores, se genera demoras y brechas operativas.
El gobierno tiene un acuerdo desde 2015 con las compañías telefónicas para acceder a la localización y la geolocalización de los equipos móviles de los ciudadanos vinculados a acto ilícitos. Esto, después de acreditar la realización de un hecho delictivo en donde esté involucrado dicho teléfono. Sin embargo, han pasado diez años desde entonces, la tecnología ha avanzado y los teleoperadores siguen entregando a la Policía la ubicación de la antena a la que se conectó el teléfono en cuestión. “Una antena te bota un radio de 500 metros (cuatro manzanas aproximadamente), no es preciso. La geolocalización lo que debe entregar es la ubicación del aparato en tierra, pero las compañías telefónicas no lo dan”, dijo una fuente de alto nivel de la Policía Nacional.
Ahora, todos los equipos tienen GPS, pero esta información —que le haría muy bien a la Policía para desactivar bandas criminales— no es compartida por los operadores telefónicos. “En otros países te dan la ubicación de los equipos con un radio de 50 metros, pero acá en el Perú, no es así”, confirma la fuente a Perú21.
Fuentes ligadas a las teleoperadoras señalan que los policías tienen acceso directo a la geolocalización.
¿SE PUEDE TENER UN EQUIPO PROPIO?
Antes de ser censurado por el Congreso, el exministro del Interior Juan José Santiváñez adelantó que el sector busca adquirir un sistema de geolocalización para no depender de sistemas externos como el de las teleoperadoras.
El congresista Fernando Rospigliosi también alertó hace unas semanas que "es clamorosa la inexistencia de equipos de geolocalización en la Dirincri".
La modernización del protocolo de geolocalización es, sin duda, una necesidad imperiosa en la lucha contra la delincuencia en el país. La experiencia reciente ha dejado entrever que depender exclusivamente de las operadoras de telefonía para tener datos en tiempo real puede poner en riesgo la eficacia de las acciones policiales. Dotar a la Policía Nacional de equipos propios no sólo potenciaría la capacidad de respuesta ante hechos críticos, sino que también ofrecería un control más riguroso y autónomo sobre el proceso de geolocalización que tanta falta hace para combatir el crimen en el Perú.
El exjefe de la Diviac Harvey Colchado advierte de la necesidad de actualizar el protocolo de geolocalización. "En el Perú la localización de celulares se basa casi exclusivamente en el número telefónico lo que permite a los delincuentes eludir la ubicación al cambiar de tarjeta SIM", afirma el coronel en retiro.
"Modificar las capacidades técnico legales para permitir también la localización por IMEI, bajo las garantías judiciales establecidas, permitiría rastrear los dispositivos independientemente de la SIM utilizada", dice Colchado.
¿Cuánto se podría hacer contra las extorsiones a las unidades de transporte urbano si la Policía Nacional contara con un equipo de geolocalización y un protocolo actualizado que permita rastrear el GPS del equipo?
Fuentes de este diario aseguran que increíblemente existe oposición de funcionarios del Ministerio de Transportes por cuestiones que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos y la homologación de los equipos a importar.
Para el coronel Colchado, "esta limitación fragmenta las evidencias digitales, interrumpe las investigaciones y reduce la eficacia operativa en casos críticos como secuestros, donde el tiempo es determinante". El también conocido como El cazador propone "modificar las capacidades técnico legales para permitir también la localización por IMEI, bajo las garantías judiciales establecidas, lo que permitiría rastrear los dispositivos independientemente de la SIM utilizada, lo que aumentaría significativamente la capacidad investigativa".
Está claro que la geolocalización no tiene nada que ver con una interceptación telefónica ni mucho menos con un chuponeo.
¿QUÉ UNIDAD POLICIAL DEBERÍA MANEJAR EL EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN?
La norma de 2015 es clara. Solo la Policía especializada puede solicitar a las operadoras información sobre geolocalización de dispositivos móviles.
Agentes que trabajan dentro del protocolo de geolocalización pasan por la prueba del polígrafo.
"La Policía Nacional del Perú dotará del personal calificado necesario a la unidad especializada para el mejor cumplimiento de sus funciones e implementará un procedimiento especial de selección que incluirá la entrevista personal, exámenes toxicológicos y psicológicos, así como la prueba del polígrafo. Dicho personal estará sujeto a evaluación permanente", señala la norma.
Bajo ese marco regulador, se podría aplicar a una nueva unidad policial especializada que maneje un equipo propio de geolocalización. Fuentes de alto nivel de la PNP aseguran que hay un proyecto para crear una unidad con agentes de élite que serán sometidos a pruebas de polígrafo constantemente.
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