El titular del Interior, Juan José Santiváñez, consiguió una demostración pública de la que ningún otro miembro del Gabinete se puede jactar: que la presidenta Dina Boluarte lo defienda, lo apapache y lo aplauda. Pese a las graves imputaciones penales en su contra, que carga como una pesada mochila, Santiváñez es actualmente el hombre más importante para la mandataria, por encima incluso del premier Gustavo Adrianzén. Para algunos puede ser visto como el engreído de la gobernante, pero en la práctica es su hombre de batalla.
Santiváñez mandó a Garcés Manyari a destruir pruebas de un caso, según testigo protegido.
En la cabeza del ministro ha vuelto a retumbar una idea que esta vez, parece, se ejecutará a como dé lugar. Según fuentes de Perú21, ha planteado nuevamente la intervención de la Fiscalía y Boluarte ve ese propósito con buenos ojos.
Para ello, no solo es necesario presentar un proyecto de ley, sino tener de su lado a una mayoría de bancadas del Congreso que también esté deseosa de dar el mismo golpe. Por supuesto, hay parlamentarios dispuestos a comerse el pleito.
En septiembre del año pasado, cuando el fiscal de la Nación era Juan Carlos Villena, Santiváñez Antúnez planteó esa posibilidad.
“Es hora de una reforma del sistema en donde lo que se requiere, creo yo, es una intervención, en este caso de hasta una comisión especial o junta especial del Ministerio Público, para que pase por una reforma seria y se establezcan los lineamientos en la lucha contra la criminalidad. De otra manera estamos jugando el partido con alguien que nos está metiendo goles, autogoles, y así no va a funcionar”, expresó.
El drástico anuncio no fue rebatido por nadie del Ejecutivo. El silencio que se guardó fue más bien de complicidad.
Por esa época, Boluarte tenía encima las investigaciones fiscales por el caso Rolex. La jefa de Estado tuvo que reconocer a regañadientes que recibió tres relojes de la lujosa marca suiza de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, porque mantuvo esos regalos en secreto.
No declarar esos obsequios de alta gama, cada uno por el valor de US$17,000, provocó que el Ministerio Público abriera una indagación por intercambio de favores con Oscorima.
En ese contexto, Juan José Santiváñez puso en marcha una estrategia para contraatacar y se trató de responsabilizar a los fiscales de liberar a los delincuentes que la Policía capturaba.
“No nos engañemos (…) cuando hay una denuncia, lo que hace la policía es comunicar al fiscal. ¿Y cuál es la respuesta del fiscal? Ya, vaya avanzando que luego yo voy para firmar o corroborar”, dijo en esa misma entrevista con TVPerú.
El plan de intervención, sin embargo, encontró una pausa porque la Junta de Fiscales Supremos eligió a Delia Espinoza como su máxima autoridad, apartando a Villena de las pesquisas.
Pero ese intervalo llegó a su fin porque Espinoza resultó ser aún más incómoda para los intereses de Palacio de Gobierno.
Desencuentros y aliados
La clara evidencia de que algo se gesta desde la Casa de Pizarro es la postura que adoptó la mandataria, el último lunes 3 de marzo, al señalar que el Ministerio Público y la prensa se han aliado para asestar a su gestión “un golpe de Estado blanco”.
“Pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esa mala prensa para dar un golpe de Estado blanco. Ahora los golpes de Estado no vienen desde el Ejército, vienen desde el Ministerio Público”, exclamó airada.
Eduardo Arana, ministro de Justicia. (Minjus)La gota que rebalsó el vaso fue el allanamiento a la casa de Santiváñez, investigado por abuso de autoridad, ese mismo lunes. Aunque la idea de la intervención a la Fiscalía fue puesta sobre la mesa con días de anticipación.
De acuerdo con las mismas fuentes, la propuesta del ministro del Interior no cayó bien en el gabinete. Uno de los que se opuso fue el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
Según los informantes, Arana refirió que reorganizar el sistema de justicia en estas circunstancias, en que la presidenta, ministros y congresistas son investigados, puede provocar en el futuro que se inicien nuevas indagaciones contra ellos mismos por obstrucción, lo que puede llevar a sus detenciones.
Sus opiniones tienen peso, no por el cargo que ostenta, sino por ser la cuota de Nicanor, el hermano mayor de Dina. Alberto Otárola, ex primer ministro de este Gobierno, sostuvo que Eduardo Arana “es el premier en la sombra”.
Perú21 consultó sobre el plan de Santiváñez al titular del Minjus, pero este negó esa discusión y que exista un proyecto de ley con tal fin.
Quien sí no ha ocultado su apetito por meter mano a los fueros fiscales es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El burgomaestre expresó su respaldo a la propuesta tras criticar que el Ministerio Público archivara una investigación que comprometía al fiscal supremo Pablo Sánchez y al portal IDL-Reporteros, del periodista Gustavo Gorriti.
“Me parece bastante insultante al país que la fiscal de la Nación (Delia Espinoza) archive el caso flagrante del señor Gorriti (…) el señor Gorriti debería explicar eso ante el Congreso de la República porque ya la Fiscalía es un desastre. El Congreso, en mi opinión, debería declarar la reorganización absoluta (del Ministerio Público) igual que el Poder Judicial”, manifestó.
Las palabras de López Aliaga siempre tienen eco en el Parlamento. Como se sabe, lidera el partido Renovación Popular, que tiene 11 congresistas, por lo que es la tercera bancada en cantidad de integrantes, después de Fuerza Popular (21), Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú (14). Empata en número con Perú Libre.
Justamente, este bloque parlamentario que responde al prófugo Vladimir Cerrón presentó, en febrero de 2024, un proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía. En cualquier momento se puede activar.
La excusa de Juan José Santiváñez para sus arremetidas es que la Fiscalía no acata la nueva norma que permite a la Policía iniciar las investigaciones penales. Para él es un desacato a la ley, mientras que la fiscal Espinoza indica que la Constitución señala que esa función es exclusiva del Ministerio Público.
Así las cosas, todo indica que Santiváñez anda más preocupado en bajarse a los fiscales que en combatir la delincuencia, que va en aumento.
Una encuesta realizada en febrero por Ipsos para Perú21 arrojó que 56% de los peruanos culpa a Dina Boluarte de los problemas de inseguridad en el país y 70% expresó que desconfía de la Policía nacional.
Mochila más pesada
Antes de esta semana, las evidencias más claras contra el ministro del Interior por manejos irregulares en el Gobierno estaban en los audios que le grabó el capitán PNP Junior Izquierdo, ‘Culebra’.
En ese material se escuchó a Santiváñez reconocer, por ejemplo, que Dina Boluarte le ordenó desactivar la Diviac, un hecho que terminó concretando.
Juan José Santiváñez. (Mininter)Pero ahora dos testigos protegidos contaron a fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) que, siendo abogado litigante, el hoy ministro pedía grandes sumas de dinero a sus clientes para entregarlas a los jueces y así librarlos de sus procesos penales.
Este diario ya puso los reflectores sobre Yessenia de la Cruz, trabajadora de confianza del titular del Interior que, de acuerdo a uno de los delatores, habría administrado los montos de dinero que se derivarían a los magistrados.
Esta vez, Perú21 se contactó con Roxana Castillo Temoche, esposa del policía Francisco Arévalo Quispe, quien, según el testigo 01-2025, era patrocinado de Santiváñez. El relato indica que Castillo contó al abogado Alexander Leiva, exsocio del hoy ministro, que le dio US$60,000 a este último: US$30,000 en efectivo y los otros US$30,000 por depósito bancario, para que “arregle con los jueces”.
En 2021, Arévalo era procesado por el caso Escuadrón de la Muerte, cumplió prisión preventiva en el penal de Ancón y terminó siendo sentenciado. Su esposa aseguró que lo de las coimas “es completamente falso”.
“Juan José Santiváñez fue abogado de mi esposo al inicio, pero luego buscamos a otro abogado porque sus honorarios eran muy caros (…). Santiváñez estuvo en nuestras audiencias por cese de prisión preventiva y por habeas corpus, pero jamás obtuvimos un beneficio”, sostuvo.
También se conversó con Alexander Leiva, quien hoy es defensor legal del oficial Arévalo, y mantuvo la versión en la misma línea. “Nunca he tenido una conversación con la señora Castillo en ese sentido”, expresó a Perú21.
El ministro Santiváñez culmina hoy su participación en una cumbre de ministros en Bruselas. A su retorno tiene mucho qué explicar.
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