La existencia de grupos armados paralelos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) plantea una grave amenaza al Estado de derecho. Tal es el caso del llamado Escuadrón de la Muerte, liderado por el excomandante Raúl Prado Ravines, quien fue capturado hace unos días después de una sentencia a 35 años de prisión por homicidio calificado
Entre 2012 y 2015, años del gobierno del expresidente Ollanta Humala, operó una organización criminal al interior de la PNP. El Escuadrón de la Muerte se dedicó a crear falsos escenarios delictivos para simular exitosas intervenciones policiales y dejar así, entre la opinión pública, la percepción de que el gobierno de Ollanta Humala luchaba contra la delincuencia. Pero lo que en realidad hacía este grupo era asesinar a pseudo delincuentes y hasta a policías para lograr su objetivo; así ha quedado acreditado en el Poder Judicial.
Los agentes, liderados por Prado Ravines, identificaban delincuentes menores o pandilleros, los contactaban a través de informantes y los emboscaban en falsos enfrentamientos. Luego, manipulaban la escena del crimen para hacerlos pasar por sicarios o cabecillas de organizaciones criminales.
El objetivo de estas ejecuciones extrajudiciales no era la seguridad pública, sino el beneficio personal. Los agentes involucrados buscaban recompensas económicas y ascensos dentro de la institución, justificando sus acciones como golpes estratégicos contra el crimen.
Acusación del caso Escuadrón de la Muerte.
Es importante resaltar que la investigación a este grupo armado nació desde la misma PNP. Agentes honestos, como el coronel PNP Franco Moreno, impulsaron esta pesquisa que tuvo eco en el Ministerio del Interior ya al mando de Carlos Basombrío.
La Fiscalía después corroboró que las víctimas fueron inducidas a cometer asaltos antes de ser emboscadas y asesinadas con múltiples disparos.
Perú21 contactó este lunes al fiscal Alvaro Rodas de Crimen Organizado, quien investigó los hechos, y señaló que en los próximos días presentaran la segunda acusación del caso Escuadrón de la Muerte por otros ocho falsos escenarios.
Fiscal Rodas alista nueva acusación contra el Escuadrón de la Muerte por ocho asesinatos más.
El fiscal Rodas pudo demostrar que, para lograr sus objetivos, los policías captaban delincuentes de poca monta, que no tenían ni siquiera antecedentes policiales, para disfrazarlos de criminales de altísima peligrosidad; y mientras estos protagonizaban los supuestos asaltos, eran ejecutados.
LA AMENAZA DE PRADO: "ERES VALIENTE CUANDO ESTÁS CON TUS COMPAÑEROS"
LA SENTENCIA
A Prado se lo condenó por el delito de homicidio calificado contra los ciudadanos Raúl Rivas Rimaycuna, Martín Tello Monja, Gian Fiestas Aquino y Hugo Yajahuanca Tineo, quienes fueron asesinados en Piura en medio de un operativo falso orquestado por el grupo armado.
Ser agentes de Inteligencia les daba la perfecta fachada para moverse por el país cubiertos por un manto de supuesta legalidad. Es así que viajaron a Piura con la idea de planificar una emboscada que luego les permita presentarla como un exitoso operativo policial contra una banda criminal.
Este era un modus operandi para cobrar las recompensas y lograr el ascenso a costa de ejecuciones extrajudiciales. Las cuatro personas asesinadas en ese operativo montado fueron contactadas por un informante que –sabiendo que eran proclives a cometer delitos menores– les ofreció asaltar a un empresario. Cuando se iba a cometer el supuesto asalto, llegaron los agentes de Prado y los emboscaron disparándoles hasta siete balazos al cuerpo.
El Escuadrón de la Muerte no solo operó en Piura. Hay otros ocho casos de ejecuciones extrajudiciales que están pendientes de acusación por parte del fiscal Rodas. Cinco veces en Lima, dos veces en Chincha y otra en Chiclayo. Se llevaron la vida de 32 civiles, un policía y la cúpula terminó siendo integrada por 14 personas.
MINISTRO DEFENSOR
En mayo del 2024, días después de asumir la conducción del Ministerio del Interior, en entrevista exclusiva con Perú21, Juan José Santiváñez defendió la presunción de inocencia de su expatrocinado Prado Ravines olvidando su obligación de velar por el cumplimiento de la ley que en este caso se traducía en garantizar el cumplimiento de la sentencia emitida por el Poder Judicial.
Santiváñez había sido defensor, ante el Ministerio del Interior de Basombrío, de Prado Ravines.
"Hay que tener mucho cuidado con ese punto porque entiendo que (la sentencia) está apelada, y constitucionalmente mientras la sentencia no esté consentida y ejecutoriada la presunción de inocencia prima", sostuvo.
Añadió que los efectos jurídicos de la sentencia quedan supeditados a la confirmación o revocatoria que pueda haber en segunda instancia. "El juez en primera instancia puede determinar si la sentencia se cumple de manera efectiva o de manera suspendida, pero la prestación de estos derechos se mantiene en tanto la sentencia sea consentida", insistió.
Dos días después de esa entrevista con Perú21, Santiváñez no tuvo mejor idea que designar al abogado Máximo Ramírez de la Cruz como director general de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior.
¿Y quién es Ramírez de la Cruz? Un abogado que se hizo conocido por defender a los policías que integraron el Escuadrón de la Muerte.
Como si eso no fuera suficiente, en enero de este año el Ministerio del interior dio luz verde a la contratación de la defensa legal de Raúl Prado Ravines por un monto de 50,000 soles.
La seguridad ciudadana no puede depender de grupos armados que actúan fuera de la ley, sino de instituciones que respeten la justicia y los derechos fundamentales. Solo así se podrá garantizar que la lucha contra el crimen no se convierta en un crimen en sí mismo.