En los primeros días de enero, una valiente fiscal trujillana, quien tiene a su cargo complejas investigaciones, recibió una llamada. No contestó, pero la insistencia la doblegó. Al otro lado del teléfono una voz grave la insultó, la amenazó y colgó.
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Ella entendió la razón del mensaje, sus investigaciones contra bandas organizadas involucradas en minería ilegal, extorsiones y sicariato, están dando frutos. Está jalando el hilo correcto y la madeja empieza a desenredarse. Lo que no se imaginó es que la advertencia se hiciera realidad a los pocos días.
TERROR A DELIVERY
Eran las 12:15 a.m. del último lunes cuando las cámaras de seguridad de la calle Alcides Carrión, donde está ubicada la sede principal de la Fiscalía de Trujillo, captó a un motorizado vestido de rojo deambulando con su vehículo por la calle. Llevaba en la espalda una caja tipo mochila, parecía un repartidor normal. El misterioso sujeto bajó de su moto y como si de una entrega se tratara, dejó en la puerta de la Fiscalía la caja amarilla.
Subió a su moto y partió a toda prisa. A los pocos segundos, un estruendo retumbó la calle Alcides Carrión y los barrios cercanos se llenaron de humo, los vidrios se reventaron, varias puertas y rejas quedaron destruidas. Un taxista que esperaba un cliente en la esquina de Alcides Carrión con la avenida Jesús de Nazaret quedó herido, la sangre salía a borbotones del lado izquierdo de su rostro y su carro quedó destrozado. Un balón de gas del restaurante que se ubica al frente de la Fiscalía, estalló. El terror se apoderó de los vecinos que al ver el taxi destruido pensaron que se trataba de un coche bomba.
Casi al mismo instante, la valiente fiscal trujillana que había sido amenazada días atrás, recibió una llamada, contestó y otra vez una voz grave la insultó y le dijeron que el atentado era una muestra de lo que le podía pasar.
FISCALES EN PELIGRO
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha confirmado que el atentado fue una forma de amedrentar a los fiscales que investigan delitos complejos en Trujillo. Ha señalado que se trataría de dos organizaciones criminales. Por seguridad de sus colegas no dio nombres ni detalles.
Espinoza, también dijo que la valiente fiscal trujillana pidió resguardo luego de ser amenazada, pero la Policía le respondió que no había presupuesto ni patrulleros.
Fuentes de Perú21 confirmaron lo dicho por la fiscal de la Nación y agregaron que las sospechas recaen en bandas vinculadas a la minería ilegal en Pataz, la sierra de Trujillo, y delincuentes relacionados con la banda criminal Los Pulpos, una organización nacida en esa ciudad que se dedica al cobro de cupos, secuestros y que, incluso, se ha extendido a Chile.
ESTABAN ADVERTIDOS
Sea quien fuere el autor del atentado y pese a que el Gobierno ha vuelto a prometer más medidas de seguridad para Trujillo, las acciones que toma, por ejemplo, el Ministerio del Interior de Juan José Santiváñez, reflejan todo lo contrario.
Incluso así lo dice la propia fiscal de la Nación. “Si hemos llegado a este punto, queda claro que la tan anunciada inteligencia policial y la política de seguridad ciudadana no están funcionando. El estado de emergencia no puede quedarse en palabras. Hay que demostrar con hechos reales que se está actuando. La seguridad ciudadana no se resuelve con anuncios, sino con acciones contundentes que generen resultados”, aseveró.
Perú21 advirtió desde inicios de enero de la posible crisis que iba a vivir la seguridad frente a un desmantelamiento de la unidad de crimen organizado por el que pasaba la Policía Nacional, para ser más específicos, la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad).
Esta dependencia, justamente, investiga nada más y nada menos que a delincuentes como ‘John Pulpo’ o al ‘Gato Coté’, ligados a las extorsiones, cobro de cupos y a la minería ilegal.
A partir de enero de este año, por una disposición de la Comandancia General de la Policía Nacional, 100 agentes de la Diviac de diferentes regiones fueron trasladados a nuevas dependencias que no tenían que ver con su labor de investigación.
Según fuentes policiales de Perú21, específicamente en Trujillo, quedaron solo 12 agentes en la Diviac. Estos policías que ahora se encuentran en Trujillo enfrentando al crimen organizado no son especialistas en investigación, y aquellos que sí lo eran, fueron reasignados a controlar el tránsito y a oficinas de la policía comunitaria.
La advertencia fue clara. Ahora el premier Adrianzén y su gabinete dicen que “no vamos a escatimar ninguna medida que sea necesaria a efectos de dar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las herramientas para combatir a la delincuencia”, pero en la práctica, es todo lo contrario.
REMOVERÁN A 100 AGENTES
Tras el nuevo estallido de este problema de criminalidad, el titular de la PCM, los ministros del Interior y de Defensa, así como el congresista Diego Bazán viajaron a Trujillo para atender la emergencia.
Al caer la tarde de ayer, las autoridades mencionadas, junto al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, brindaron una conferencia en la que hicieron algunos anuncios; entre ellos, se determinó el cambio de más de 100 policías.
“Primero, la remoción inmediata de más de 100 efectivos de la PNP, que salen de Trujillo, efectivos del Depincri y de Inteligencia, y que será ejecutado en los próximos días. Serán enviados 100 efectivos nuevos”, dijo el titular del Mininter, Juan José Santiváñez.
Sostuvo que los efectivos que serán cambiados son aquellos que tengan referencias disciplinarias de estar vinculados con organizaciones criminales bajo cualquier concepto. “Quiero advertir que efectivo que no respete el cambio, efectivo que se le iniciará proceso disciplinario para darle de baja de manera inmediata”, enfatizó.
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