Procuraduría General tiene a consejero castillista que se niega a dejar el cargo

Fecha Actualización

17/02/2023 - 07:00

Pese a que el mandato de Pedro Castillo llegó a su fin de forma catastrófica, su sombra continúa merodeando en estamentos del Estado hasta hoy. Una de esas entidades es la Procuraduría General (PGE), que fue manejada a placer por el expresidente cuando designó a la cabeza a María Caruajulca y donde aún hoy su gobierno tiene presencia.

La PGE tiene una función importante: es la encargada de denunciar a los altos funcionarios que incurran en delitos penales. Y esto incluye a Castillo y a sus exministros.

Cuando Caruajulca era la titular, nunca tomó acciones penales contra el expresidente y tampoco le formuló preguntas cuando este fue interrogado por la Fiscalía sobre los irregulares ascensos militares. Era el alfil del gobernante en el sistema de justicia.

El 6 de mayo de 2022, el Ministerio de Justicia (Minjus), bajo la gestión del entonces ministro Félix Chero, nombró a Ramón Alcalde Poma como su representante ante el consejo directivo de la PGE.

Por ese entonces, Alcalde ocupaba el cargo de secretario general del Minjus, desde el 20 de marzo del mismo año. Era hombre de entera confianza de Chero, uno de los escuderos de Castillo y sindicado por el exasesor Salatiel Marrufo de cobrar S/50 mil en coimas por cambiar al jefe del Reniec.

Alcalde, además, cumplía con el requisito indispensable para trabajar en la gestión del castillista: es cajamarquino.

Sin embargo, el abogado de 52 años ya no labora más en el Minjus y desde el 1 de enero de 2023 es gerente de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao, que lidera el gobernador Ciro Castillo.

Y a pesar de que ya no está vinculado al sector Justicia, a cargo del ministro José Tello, Alcalde Poma continúa como su representante en el consejo directivo de la Procuraduría.

Los otros dos integrantes son el procurador general Daniel Soria –que fue repuesto en el cargo luego de que Castillo lo reemplazara ilegalmente por Caruajulca– y Luis Miguel Iglesias León, representante de la Contraloría General de la República.

No es buena señal

El posicionamiento de Ramón Alcalde en el gobierno de Pedro Castillo no solo quedó demostrado con su designación en la PGE.

Durante la gestión castillista, su esposa Katia Ormeño Yomona fue designada en el Ministerio del Interior como directora de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el 27 de julio de 2022.

Fue el propio ministro del Interior de ese entonces, Willy Huerta, quien suscribió la resolución ministerial que la nombró en ese puesto y que fue publicada en el diario El Peruano.

Ormeño permaneció en el cargo hasta días antes del golpe de Estado de Castillo, el 4 de diciembre de 2022, según su declaración jurada de intereses.

De acuerdo al portal del Osce, la administradora también contrató con el Ministerio de Defensa, el 21 de abril de 2022, para el “servicio especializado en materia de contrataciones” por un salario de S/30,000.

El consejo directivo que integra Alcalde tiene una labor administrativa crucial. Entre otras cosas, es la encargada de remover y designar a procuradores públicos.

Por ejemplo, durante el tiempo de María Caruajulca, esta intentó destituir al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, David Ortiz, luego de que este revelara a Perú21 que la mafia castillista estaba detrás de una millonaria obra en Provías.

Caruajulca casi consigue su cometido de no ser por la intervención del consejero Luis Miguel Iglesias, quien imponía el orden legal en las sesiones ante la arremetida de la exprocuradora general.

El otro asunto es que el funcionario, al tejer una red de contactos dentro de la PGE en todo este tiempo, podría acceder a información sobre procesos penales de los exministros castillistas y del propio exmandatario.

Ante estos antecedentes, cabe la pregunta: ¿Por qué el ministro de Justicia, José Tello, mantiene en el consejo directivo de la PGE a un consejero que no trabaja en el Minjus?

El artículo 14 del decreto legislativo 1326, ley que reestructura el Sistema Jurídico de Defensa del Estado, estipula que el referido ministerio debe nombrar a un representante en el consejo. Alcalde, evidentemente, ya no representa a este ministerio.

Este diario se contactó con el actual gerente de Asesoría Jurídica del Callao para conocer por qué sigue en el puesto de la PGE si ya no labora en el Minjus. Su furibunda respuesta, además, fue seca y cortante.

“Puede usted revisar la normativa y puede revisar también la página web de ambas entidades, no necesita usted una versión mía; gracias por la llamada”, dijo escuetamente antes de cortar la comunicación.

Probablemente, Alcalde se refiera al numeral 14.3 del decreto legislativo 1326 que señala que los miembros del consejo directivo son designados por un periodo de cinco años.

Lo otro que indica la norma es que un consejero solo puede ser removido por causales específicas: fallecimiento, incapacidad permanente, renuncia aceptada, impedimento legal posterior a la designación, remoción por falta grave y por término de la designación.

Alcalde, que es parte de la PGE asaltada por Pedro Castillo, se ha amparado en estas directrices para atornillarse en el puesto, como si tuviera una responsabilidad superior. La ley también establece que los consejeros reciben dietas por asistir a cuatro sesiones mensuales.

Desde el Minjus indicaron a Perú21 que se están “tomando medidas” para que un caso como este no se repita. Evitaron dar más precisiones sobre las acciones que realizarán.

Lo que queda claro es que al Estado aún le cuesta desprenderse de los intereses castillistas.

Tenga en cuenta

-El pasado 3 de febrero, la Procuraduría General del Estado creó una unidad funcional dedicada a seguir los casos penales contra altos funcionarios.

-Entre sus funciones está elaborar proyectos de denuncias penales, requerir información a entidades para realizar investigaciones y participar en audiencias y diligencias judiciales.

-El coordinador de esta unidad es el abogado Omar Rojas Silva.

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