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Perú Libre vulneró ley electoral pero se desconoce sanción de la ONPE

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Fecha Actualización
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió en abril, hace cinco meses, dos lapidarios informes contra Perú Libre que han pasado –oportunamente– desapercibidos. El partido que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia declaró haber recibido, solo en la segunda vuelta de la campaña electoral de 2021, 1 millón 834 mil 426 soles, pero ha dejado serias dudas sobre el real manejo del dinero, evidencias que apuntan a la tesis fiscal de los aportes ocultos e ilícitos que habrían servido para solventar las actividades proselitistas.
“Perú Libre no cuenta con manuales de procedimiento para la recepción de aportes ni el llenado correcto de los recibos de aportes”, “no cuenta con un adecuado sistema de control interno”, “no ha asignado a un responsable del sistema de control interno”, “el partido político está reconociendo gastos que no corresponden a la operatividad de la organización política”, son algunas de las conclusiones a las que llegó la ONPE luego de culminar con la fiscalización.
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Lo que demuestran los documentos es que la organización política de Vladimir Cerrón brilla por su informalidad. Usó aportes cuya procedencia no ha quedado clara y que sirvieron para solventar los gastos de Castillo por todo el país. Y hay una gran diferencia entre la cantidad de aportantes que registró el partido en la primera y segunda vuelta electoral.
Por ejemplo, en el primer periodo enero-marzo de 2021 declaró apenas 38 donantes, que dividieron sus abonos en efectivo y especies, y en suma entregaron S/31,408.
En el informe técnico de ese periodo, la ONPE determinó que la actividad económico-financiera de PL “no se ha adecuado a las normas establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas”.
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Y las infracciones continuaron como si nada en la segunda vuelta electoral. Solo que en esa ocasión el dinero en juego incrementó exponencialmente, así como la vulneración de la ley.
Perú Libre informó que utilizó un aporte en especie por S/12,000 para difundir “un spot publicitario” radial en La Libertad. Este es un acto que viola el reglamento de financiamiento de partidos, ya que una organización política no puede usar sus recursos para este fin.
Otra vulneración advertida es que 18 recibos de aportes, cuya suma asciende a S/57,345, no registraron firma del aportante. Asimismo, PL declaró que gastó S/1,576 en combustible y pago de peaje, pero nunca reportó que tenga un vehículo a su nombre.
Si bien estos hechos son de suma gravedad, la ONPE no indica en los informes –emitidos el último 20 de abril– si iniciará proceso sancionador y solo hace exhortaciones al partido de gobierno a no volver a incurrir en las infracciones.
Estos informes son valiosos para el fiscal de Lavado de Activos, Richard Rojas, quien investiga a Perú Libre por el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2021.
Aportes del buró político
En la lista de 347 aportantes a la segunda vuelta electoral saltan a la luz tres personajes: Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda; Abel Cabrera, empresario chotano; y Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de las casas de Sarratea y Asia.
Marrufo, según la declaración de PL, aportó S/32,500 en especies; Cabrera S/23,000 y Sánchez S/46,800, ambos bajo el mismo concepto.
Ahora ya está claro por qué los señalados como ‘Los Chiclayanos’ se presentaron como “amigos” del presidente Pedro Castillo ante la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños. De acuerdo a Añaños, ellos estaban interesados en las millonarias obras del sector.
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Con esta información queda establecido que las donaciones no fueron gratuitas. Una vez que Castillo llegó al gobierno, los tres habrían pretendido recuperar sus inversiones con creces.
Tenga en cuenta
-Perú21 se contactó con la ONPE para conocer si existía algún proceso administrativo abierto. Desde el área de prensa se excusaron en dar detalles y alegaron que toda la atención está en el trámite de rendición de cuentas de los partidos por las elecciones regionales y municipales.
-El equipo especial de la Fiscalía investiga la repartición de millonarias obras desde Vivienda. En este caso está comprendida la cuñadísima Yenifer Paredes.
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