La gestión de Nancy Vizurraga, alcaldesa del distrito de San Isidro, nuevamente está en un punto crítico.
En uno de los distritos más verdes y exclusivos de la capital, los parques y jardines son hoy protagonistas de uno de los contratos con más irregularidades detectadas por la propia Oficina de Control Institucional (OCI) del municipio.
En mayo de 2023, Perú21 reveló que la gestión de Vizurraga hizo una adjudicación directa por S/31.9 millones al Consorcio Green World para el mantenimiento de parques y jardines del distrito. Este consorcio, conformado por ECO-RIN S.A.C. y Rosa Esther Verástegui Verástegui E.I.R.L., tenía antecedentes cuestionables y carecía de experiencia en el sector.
ANTECEDENTES. No es la primera vez que la alcaldesa Nancy Vizurraga, activa militante de Renovación Popular, recibe denuncias por su gestión en San Isidro.
A pesar de ello, recibió el millonario contrato, el cual, meses después y debido a la gravedad de las irregularidades evidenciadas por este diario, fue anulado.
Más de un año después la historia se repite con una nueva licitación, esta vez por S/76.9 millones.
La municipalidad firmó el contrato con un consorcio que no cumple con requisitos mínimos. Así se concluye en seis informes de la OCI, entidad adscrita a la Contraloría.
UN ‘NUEVO’ CONSORCIO
El consorcio beneficiado esta vez fue uno que responde al nombre de Green Works. Su parecido con el anterior consorcio no es casual, ya que está integrado por las mismas dos empresas que conformaron Green World, el consorcio al que se le quitó la adjudicación en 2023.
Las primeras alarmas aparecieron con un informe publicado en agosto de 2024, en el que la Contraloría reveló que el presupuesto del concurso público para elegir a la empresa encargada del mantenimiento de las áreas verdes era 61% y 165% mayor que los contratos similares en 2021 y 2017, respectivamente, sin una justificación clara.
Un siguiente reporte reveló que el consorcio Green Works había presentado documentos ilegibles y fuera de plazo, lo que contravenía las bases del . Sin embargo, la comuna permitió la subsanación tardía y terminó otorgándole la buena pro.
Un tercer documento de la OCI, publicado en septiembre de 2024, detectó más anomalías: 234 trabajadores asignados sin sustento técnico, metas duplicadas y un metraje de mantenimiento que incluía el bosque El Olivar como si fuera un área aparte, lo que permitía posibles pagos duplicados.
Pese a todas las advertencias, el 4 de septiembre de 2024 la Municipalidad de San Isidro firmó el contrato N.º 026-2024-MSI con el Consorcio Green Works por S/76’922,228, sin que se hayan subsanado las observaciones detectadas.
MÁS FALLAS
Pero hay más. Según los tres últimos informes de la OCI, Green Works no cuenta con la infraestructura ni el equipamiento necesarios para operar adecuadamente, además de no haber presentado a la municipalidad documentos clave.
El consorcio declaró como base de operaciones un local en Ate Vitarte que, tras una inspección, resultó ser una cancha deportiva, en lugar de un taller o centro logístico. Al momento de ejecutar el servicio, la empresa trasladó su operatividad a un inmueble en Surquillo sin autorización municipal y sin cumplir con los requisitos exigidos en el contrato, según el documento.
La situación se agrava con la falta de equipos clave. Las motocicletas destinadas a la supervisión del servicio no tienen placa ni SOAT, lo que impide su uso y dificulta el control del mantenimiento de las áreas verdes. Además, la empresa tampoco acreditó la disponibilidad total de herramientas necesarias para la ejecución del servicio.
Todo esto ha desencadenado en una denuncia penal ante la Policía, interpuesta por vecinos el 6 de marzo, por los delitos de concusión, colusión y cohecho contra la alcaldesa Nancy Vizurraga, otros funcionarios de la comuna y el consorcio Green Works.
Al respecto, la Municipalidad de San Isidro respondió a Perú21 que rechaza cualquier acto irregular y asegura que el proceso se llevó a cabo bajo el marco de la legalidad.
“En este proceso de selección, como en todos los que se desarrollan en la Municipalidad de San Isidro, se cumplen con los requisitos y etapas que la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento exigen”, señalaron. Sobre la denuncia penal, refirieron que desconocen los fundamentos de la acusación, pero que responderán en su momento con los elementos necesarios.
La administración de Vizurraga ha optado por la negación o, como también parece, mirar hacia otro lado para no reconocer lo evidente.
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