165 mujeres murieron en 2023 víctimas de feminicidio en Perú

Su hija Katherine Gómez Machare fue quemada viva por el extranjero el 18 de marzo de 2023 en el Centro de Lima, pero la demora del Poder Judicial en dictar la orden de captura y el impedimento de salida facilitaron que Tarache fugara a Colombia, país que evalúa aprobar la extradición para que sea juzgado en el Perú.

“Por desgracia debo esperar hasta el 7 de enero de 2024, que las autoridades colombianas vuelven de vacaciones, para resolver la apelación presentada por Tarache”, añade Machare con resignación e impotencia. Si el Poder Judicial hubiera sido más célere los días que Tarache anduvo por Lima, tras ejecutar su crimen, la familia de Machare no habría atravesado este calvario. Pero, la historia de Machare refleja la impunidad de la que gozan los feminicidas en el Perú.

”Cuando hablamos de impunidad de víctimas que han acudido al sistema de justicia o sobre casos en que el sistema de justicia está actuando, ya no es impunidad del hecho en sí mismo, sino es una impunidad tolerada por el Estado, porque no hace nada, demora mucho en la gestión o se complica con estos status; entonces, la impunidad viene siendo avalada por el Estado. Eso es terrible en un país donde el 60% de personas entrevistadas por el INEI tolera o justifica la violencia”, declara Diana Portal, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

El año 2023 registró hasta el 26 de diciembre 165 feminicidios a nivel nacional, 18 asesinatos de mujeres más que en 2022 (147) y 27 más que en 2021 (141), con mayor cantidad de casos en Lima Metropolitana, Arequipa, Huánuco, Puno, Cusco, Junín y La Libertad (ver infografía).

“Reconocemos, con preocupación, este incremento, pero hay un dato importante del INEI: solo el 29% de las mujeres víctimas de violencia acude a una institución para denunciar, lo que quiere decir que poco más del 70% busca ayuda en sus vínculos cercanos, familia, amistad, trabajo. Al desconocer la situación, la autoridad no puede generar una protección hacia las víctimas”, manifiesta Patricia Garrido, jefa de la Dirección General Contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

Las víctimas de estos actos de extrema crueldad son mujeres adultas (90.2%), niñas y adolescentes (7.2%) y adultas mayores (2.6%). Los agresores son la pareja (56.9%), expareja (19.6%), familiar (3.9%), conocido (7.8%) y desconocido (11.8%).

Según la Defensoría, casos emblemáticos de feminicidios llevan entre 2 y 4 años de investigación fiscal.

Además, no se garantiza la aplicación del enfoque de género en la investigación y los hechos de muerte violenta se aperturan como homicidios.

También, se advierte excesiva demora en el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

DIANA PORTAL, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo

“La visibilidad hace que haya mayor acceso a los canales de denuncia y las mujeres también sean más conscientes de sus derechos; pero la data nos da cuenta de cómo los casos de feminicidios y violencia siguen latentes y recrudecen. Tenemos avances normativos importantes, pero hay una gran distancia entre la norma y la práctica. En octubre se aprobó el Decreto Legislativo N.° 1575 que modifica las requisitorias para que las órdenes de captura de feminicidas no caduquen hasta la efectiva detención de los denunciados. Hay otros casos en que, pese a la identificación de los agresores, no hay orden de detención, ni se les investiga adecuadamente. Entre enero y noviembre de 2023, hemos detectado 4,833 notas de alertas de mujeres desaparecidas: 41% son adultas y 59%, niñas. Hemos hecho el análisis y detectamos que el feminicidio tiene como antecedente la desaparición”.

ANA JARA VELÁSQUEZ. Abogada y expresidenta del Consejo de Ministros entre 2014 y 2015

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, analiza las falencias de la políticas públicas desplegadas en 2023 por el Gobierno, a través del Mimp, en la prevención de feminicidios y tentativas.

Se ha desatendido el tema de la prevención, que es vital en la erradicación de violencia contra la mujer y entorno familiar. El Perú sufrió un enorme revés en el gobierno de Pedro Castillo, porque puso a personajes que tenían antecedentes o con sindicación de violencia contra la mujer en cargos de decisión, muchos de ellos ministros de Estado, que son los encargados de hacer cumplir las políticas públicas. Además, la ‘ayuda’ que ha venido desde el Congreso que ha expedido normas que constituyen un enorme retroceso en el enfoque de igualdad de género.

Ellos han dado normas que han significado socavar la autonomía del Minedu como ente rector en la elaboración del Currículo Nacional, porque ahora las asociaciones de padres de familia deben revisar los textos esoclares en los que se les enseña temas propios de igualdad.

Sí, el gobierno de Dina Boluarte debe destinar mayor presupuesto para fortalecer actividades potentes para prevenir la violencia contra la mujer. Son pocos los distritos con programas existosos pero se tienen que replicar, sobre todo en provincias de la selva y sierra, donde la violencia contra la mujer es el pan de cada día, porque el machismo y patriarcado es profundo y enraizado. Y lo otro es que se tiene que erradicar es la impunidad. Esta es una lucha multidimensional que debe ser abordada y debe tener el compromiso del gobierno nacional y de los subnacionales.

La responsabilidad ha sido de quienes integran el sistema de justicia. Conocidos los hechos, se tardó, principalmente la Policía Nacional un promedio de cinco días para actuar. Entre ellos se culpan, dice que sí notificó al Ministerio Público sobre este hecho de violencia contra la mujer; sin embargo, la orden de detencion tardó cinco dias. El feminicida ya expuesto a la opinión pública pudo pasar la frontera y salió a Colombia. Fueron cinco dias en que el sistema de justicia falló.