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30 organizaciones de Sociedad Civil del País exigen urgente aplicación del paquete de medidas en seguridad alimentaria
El Pronunciamiento “Organizaciones de la Sociedad Civil exigen al Estado respuestas oportunas y efectivas al hambre y malnutrición en el país” señala que las medidas en seguridad alimentaria deben priorizar la atención para la Campaña Agraria 2022-2023, la Red de Ollas Comunes y Comedores Populares y los Programas de Alimentación Escolar.
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El Perú vive la mayor inflación de las últimas dos décadas, con más de 8%, y la alimentación diaria es un desafío incierto para muchas familias. A esto los especialistas le llaman Inseguridad Alimentaria y la FAO señala que cerca de 7 millones de personas ya sufren hambre y desnutrición.
La siembra de cultivos alimenticios básicos, como arroz y papa, disminuyó, debido al alza de precios y a la escasez de fertilizantes. Los especialistas advierten que nuestra provisión alimentaria se basa en la producción de la campaña agrícola de agosto 2021 a julio 2022 y que la campaña de este año no es alentadora.
Actualmente la situación agraria y alimentaria está atravesada por dos problemas a nivel de gestión pública. De un lado está la lentitud del Estado para la importación de urea, que es un insumo fundamental para los cultivos, que debe garantizarse no más tarde de agosto-septiembre de 2022. De otro lado, ha quedado postergado el financiamiento a productores para que puedan comprar abonos orgánicos producidos en el Perú para sus cultivos.
Las organizaciones y especialistas firmantes inciden en la obligación en que los dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, con la máxima prioridad, establezcan un paquete de medidas de emergencia. Para ello, señalan cuatro líneas de acción:
Enfrentar el hambre y hacer posible el acceso a alimentos por parte de la población vulnerable.Establecer rutas claras de protección de la campaña agrícola 2022-23 que se inicia el próximo mes de agosto.Redoblar campañas comunicacionales sobre estrategias de alimentación saludable para enfrentar la emergencia alimentaria y prevenir la malnutrición.Considerar la participación de la sociedad civil en la Comisión de Alto Nivel para enfrentar la crisis.
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Entre las organizaciones y especialistas que suscriben el pronunciamiento está PERUSAN (Iniciativa por la Seguridad Alimentaria y Nutricional), conformada por las siguientes organizaciones: Acción Contra el Hambre, ADN Juvenil, ADRA Perú, Alternativa Centro de Investigación Social y Educación Popular, Asociación Arariwa, Cáritas del Perú, CEPES (Centro Peruano de Estudios Sociales), ESCAES (Escuela Campesina de Educación y Salud), Future.edu, Grupo Yanapai, HOMAS (Horizontes en Medio Ambiente en Salud), IIN (Instituto de Investigación Nutricional); IDMA (Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente), MSH-Perú, Nutriedúcate Perú, PRISMA, TECHO, World Vision.
También suscriben el Pronunciamiento las siguientes redes: BioMercados del Perú, Consorcio Agroecológico Peruano, CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), Colectivo por la Agricultura Familiar y Un Perú Sin Hambre, CONAMOVIDI (Confederación Nacional de Mujeres), Ecosad (Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo), Forum Solidaridad Perú, RAE Perú, RAA (Red de Acción en Agricultura Alternativa), RPAN (Red Peruana de Alimentación y Nutrición), PAS (Plataforma por la Alimentación Saludable).
En cuanto a los especialistas que suscriben el pronunciamiento, están Enrique Jacoby, María Rosa Boggio, Alberto García, María Inés Sánchez Griñan, Eduardo Zegarra; Juan Torres Guevara, Gisella, Cruzalegui, Ricardo Dávila, José Luis Chicoma.
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