Ante la creciente inseguridad que afecta el servicio de transporte urbano en Lima y Callao, causada por extorsiones y atentados que ponen en alto riesgo la seguridad e integridad de los operadores de transporte y de los usuarios, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) hizo un pedido de urgencia.
MIRA IMPARABLES: Aumento de extorsiones en el sector transporte alarma a empresarios
En un comunicado da cuenta que ha promovido mesas de trabajo entre operadores de transportes y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri), con el propósito de sumar esfuerzos con la Policía Nacional "que permitan intensificar las acciones preventivas en puntos álgidos, así como las investigaciones que contribuyan a la desarticulación y lucha contra la criminalidad".
Al parecer, esto no ha sido suficiente.
Ante la gravedad de hechos recientes, la ATU remitió al Ministerio del Interior el oficio N° D-000082-2024-PE, solicitando la elevación al Ejecutivo de la propuesta de convocatoria a "Sesión de Consejo de Estado", máxima instancia de coordinación del Estado Peruano, con el objetivo de articular esfuerzos en conjunto entre los tres poderes del Estado y organismos autónomos, que contribuyan a frenar estos delitos y salvaguardar la seguridad del sistema de transporte en beneficio de la población.
Los extorsionadores, operando con total impunidad, han centrado sus esfuerzos en exigir sumas considerables de dinero bajo la amenaza de violencia.
Los principales afectados son los empresarios que manejan rutas de larga distancia, quienes han reportado un significativo aumento en el número de llamadas y mensajes intimidantes. En estas comunicaciones, los delincuentes exigen el pago de cuotas regulares para evitar atentados contra los vehículos o el personal de las empresas.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha reportado más de 1,500 denuncias de extorsión en Lima durante lo que va de 2024, según un informe reciente de Latina Noticias.
Este preocupante aumento en la criminalidad ha encendido las alarmas entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, que ha sido el más afectado por esta ola delictiva
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