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Cambian detención por vigilancia electrónica a Melisa González Gagliuffi y ahora figura como no habida
Según el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, la sentenciada no cumple con los requisitos para este otorgamiento. A casi cuatro años del fatal accidente que mató a dos jóvenes, las familias de los deudos no hallan justicia.
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El 11 de octubre de 2019 unas impresionantes imágenes impactaban y conmovían a los peruanos. Tres jóvenes que caminaban en la acera en la avenida Javier Prado fueron embestidos violentamente por una camioneta, matando a dos de ellos y dejando al tercero gravemente herido. La conductora del vehículo, Melisa González Gagliuffi, iba a exceso de velocidad, prohibida en esta vía.
Hoy, a poco de cumplirse cuatro años de este triste hecho, la familia de los deudos no hallan justicia, pese a que en 2022 la Corte Superior de Justicia de Lima la sentenció a seis años de prisión efectiva. Esto parece haber quedado atrás, pues la condena ha cambiado.
Según el programa ‘Al Estilo Juliana’, el Poder Judicial ha cambiado la condena en contra de González por una vigilancia electrónica. Es decir, la joven debería usar un grillete, pero no sería el caso, según consultas que realizaron al INPE.
“REVOCARON la referida sentencia, en los extremos que impuso a Melisa Joana González Gagliuffi 6 años de pena privativa efectiva por los referidos delitos y declaró improcedente el pedido de conversión de pena efectiva a vigilancia electrónica efectuado por la defensa técnica de la mencionada”, señala un documento al que accedió el programa.
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No es un dato menor que, cuando se dictó la condena contra González, esta no se presentó y pasó a ser una prófuga de la justicia, incluso llegando a ser incluida en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, algo que también se ha revocado.
¿Por qué vigilancia electrónica?
La vigilancia electrónica es una medida que se utiliza como prioridad para personas mayores de 75 años, o que padezcan de enfermedades graves, discapacidades físicas permanentes, mujeres gestantes o con hijos menores de tres años, algo que solo procede “únicamente” con la “aceptación expresa” del condenado en la audiencia. Cabe recordar que González no se presentó a la referida audiencia por estar prófuga de la justicia.
“Cuando una persona está fugada se presume razonablemente que no hay voluntad de presentarse a la autoridad judicial. Lo razonable sería no otorgar un beneficio de esa naturaleza”, afirmó Wilfredo Pedraza, exministro del Interior.
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La familia de los jóvenes fallecidos, Joseph Huashuayo y Cristián Buitrón, piden explicaciones a la justicia, que no notificó que las medidas en contra de la condenada por homicidio culposo hubieran cambiado en algún momento, menos aún que esta no cumplía requisito alguno para ello.
“La justicia se burla de la gente pobre, siempre se ha burlado de mí y mi familia. No existe justicia en el Perú y no la encuentro hasta ahora”, señaló indignado Fortunato Huashuayo, padre de uno de los jóvenes que perdieron la vida en el fatal accidente.
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