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Santa Anita: Contraloría interviene local municipal por almacenamiento de propaganda electoral

Se halló más de 90 marcos de madera destinados a la instalación de propaganda política, así como decenas de tablas de diversos tamaños que habrían sido utilizadas para fabricar estructuras de soporte de carteles electorales.

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El material encontrado, almacenado en un predio de propiedad municipal, coincide con las denuncias difundidas en redes sociales el último sábado. (Foto: Contraloría)
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La Contraloría General de la República (CGR) realizó una intervención preventiva en el local Torre II de la Municipalidad de Santa Anita, con el objetivo de verificar el uso adecuado de los bienes públicos en beneficio de la comunidad, informó la entidad de control.

La acción se llevó a cabo en coordinación con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, ante denuncias ciudadanas sobre el presunto almacenamiento de propaganda electoral en instalaciones municipales.

Durante la inspección, el equipo técnico halló más de 90 marcos de madera destinados a la instalación de propaganda política, así como decenas de tablas de diversos tamaños que habrían sido utilizadas para fabricar estructuras de soporte de carteles electorales.

El material encontrado, almacenado en un predio de propiedad municipal, coincide con las denuncias difundidas en redes sociales el último sábado por la noche, que alertaban sobre el uso indebido de espacios públicos para fines proselitistas.

Los representantes de la CGR procedieron a realizar un inventario detallado de los elementos hallados y se trasladaron a la sede municipal para recabar información sobre el área responsable de la contratación de dicho material, así como el origen de los recursos utilizados para su adquisición.

Esta intervención permitirá iniciar un servicio de control específico, orientado a determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales por el uso irregular de bienes estatales, lo que podría configurar el presunto delito de peculado. Los hechos fueron comunicados formalmente a los funcionarios ediles.

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