Declaran en emergencia San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Sullana

Esta medida, según la mandataria, permitirá poder enfrentar “de manera firme y decidida, esa lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada”. Para esto, se recurrirá al Ejército, que apoyará la labor de la Policía, “dentro del marco legal que ambas instituciones tienen”.

Este anuncio se da a 72 horas de la explosión de una granada en la discoteca Xander’s, de San Juan de Lurigancho, que dejó 15 heridos, y en el mismo día en el que se produjo la detonación de un explosivo en el salón de eventos D’Cora, ubicado en el mismo distrito, que causó serias lesiones en cinco personas. ¿Será suficiente para luchar contra el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales?

Sobre el tema, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que en estos distritos se hace necesaria la presencia inmediata y de emergencia de las fuerzas del orden. Sostuvo que la medida permitirá que el control del orden interno esté a cargo de la Policía Nacional, con el apoyo estratégico de las Fuerzas Armadas en los activos críticos.

Dijo que gracias a esta herramienta legal, la PNP podrá ingresar a reuniones “donde se considere que hay sospechosos y dar golpes contundentes a quienes estén delinquiendo, amenazando a la población”. Otro anuncio importante es que se hará una auditoria a todo el material de guerra de las FF.AA. A todas luces, el objetivo acá es saber de dónde salen las granadas y explosivos que emplean los delincuentes para extorsionar, como ha ocurrido en San Juan de Lurigancho.

Por su parte, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, enfatizó que con la salida de los militares “posiblemente los alcaldes se van a sentir mejor, posiblemente la población va a sentir la fantasía de que va a estar más resguardada, pero el problema de la inseguridad no lo va a solucionar las FF.AA.”.

Sostuvo que un estado de emergencia tiene sentido cuando previo a decretarlo ha existido investigación policial, investigación criminal, para determinar las principales zonas en las que opera la delincuencia. “Se suspenden las garantías y eso facilita el accionar de la Policía. Eso ayuda, pero tiene que haber un plan previo. De lo contrario regresamos a febrero de 2022, donde Pedro Castillo puso en estado de emergencia a Lima y Callao. Allí inició el ascenso de la victimización”, explicó.

“La declaración de emergencia en anteriores ocasiones no ha producido nada”, refirió. Recomienda apostar por reforzar la investigación policial y eliminar el régimen laboral de 24x24.

La declaratoria de emergencia debe tener, lógicamente, un plan de operaciones. Y ese plan tiene que estar por escrito, indicando los objetivos y la temporalidad. Debe incluir ciertas medidas como el distanciamiento al que estarán los vehículos militares en ciertas zonas que tienen presencia de delincuentes. Se debe conocer el plan a implementar. Sobre todo lo deben saber los presidentes de los comités de seguridad ciudadana, es decir, los alcaldes. Si esto no se hace, va a quedar como un dispositivo legal más. Durante la época del COVID-19, el estado de emergencia funcionó porque contaba con un plan. De otro lado, los alcaldes tienen responsabilidad en la seguridad de la ciudad, en coordinación con la Policía Nacional y la sociedad organizada, tal como dicen las normas, entre ellas la Ley Orgánica de Municipalidades. Los burgomaestres presiden los comités de seguridad ciudadana provinciales y distritales.

Jesús Maldonado consideró que los actos ocurridos en su distrito deben ser considerados como terrorismo. También pidió que los militares ingresen de inmediato a su comuna, para realizar un trabajo disuasivo.

Lo que ha sucedido hoy (ayer) en la madrugada y durante el fin de semana describen el nivel de violencia que ya no encuentra límites para amenazar a nuestros empresarios, emprendedores, y, en general, a nuestros vecinos del distrito. Tiene todas las características para ser catalogado como un acto terrorista y creo que así debería ser considerado por el Estado. La Policía tiene poca efectividad y limitaciones frente a las mafias organizadas en nuestro distrito. Esto se ha desbordado y ha dejado o está dejando un distrito desprotegido.

No. Este es solamente un acto declarativo. Es el marco legal que le da la posibilidad al distrito de que ingresen las Fuerzas Armadas (FF.AA.); este es el marco legal que nos da la posibilidad a nosotros de poder evitar una burocracia absurda para comprar o adquirir instrumentos para nuestra Policía o para nuestro Serenazgo. Este es el marco legal que buscábamos para que la presidenta Dina Boluarte instale, en nuestro distrito, de manera temporal, bases para que los vecinos puedan tener siquiera una sensación de seguridad al momento de hacer su vida cotidiana. Esperamos de manera inmediata que ingresen las FF.AA.

El ingreso temporal de las FF.AA., y solamente como elemento disuasivo, le va a dar la oportunidad a la Policía Nacional de reorganizarse, de establecer mejor sus estrategias y de duplicar su esfuerzo en la inteligencia para poder capturar a los delincuentes. No queremos que las FF.AA. terminen de manera perpetua en San Juan de Lurigancho. Pero le da la oportunidad a la presidenta Boluarte de reestructurar el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE.

Nosotros teníamos, hasta el día de la explosión de la granada en la discoteca, 80 muertos por la presencia de la mafia organizada, del crimen por encargo. La cifra se eleva hoy a 81. Nosotros solicitamos la declaratoria de emergencia en abril, cuando teníamos 30 muertos. y distritales.