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Defensoría advierte precaria atención a mujeres víctimas de violencia
Informe realizado en cinco regiones del país señala que el 44% de empleados de centros de salud que atienden a estas personas no tiene capacitación al respecto. Tampoco existe un registro para estos casos.
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Tras realizar un estudio, la Defensoría del Pueblo halló que no existe un registro único y especial para los casos de violencia contra la mujer; el personal que atiende a las víctimas recibe poca capacitación y que no hay adecuados ambientes para brindar una correcta atención.
La investigación, realizada por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, fue elaborado en base a las visitas realizadas a 115 establecimientos de salud (14 en Arequipa, 16 en Junín, 37 en Lima, 18 en Piura y 30 en Puno), departamentos que al momento del informe tenían el mayor índice de violencia de este tipo.
Según el estudio, el 71% de los entrevistados afirma que el servicio a su cargo no cuenta con un registro especial para los casos de violencia contra la mujer. Esto impide contar con datos para la implementación de políticas públicas en materia de prevención y atención de los casos que se presenten.
Además, la existencia en el Ministerio de Salud de cinco protocolos cuyo contenido está vinculado a la atención de la salud física y mental de las víctimas puede generar dispersión normativa, lo que dificulta la aplicación de un único modelo que contribuya a garantizar una atención de calidad.
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por las disposiciones vigentes, la cobertura de la atención a una mujer víctima de violencia no siempre es gratuita.
El documento también señala que el 92% del personal encuestado brindó atención a las afectadas, pero, de ese total, el 44% no tenía formación previa y especializada al respecto, lo que impide una correcta evaluación y atención.
Sobre la infraestructura, el 75% del personal de salud encuestado declaró que el servicio a su cargo no dispone de un ambiente especial para atender a estas mujeres.
De otro lado, existe un alto grado de incumplimiento de los protocolos sanitarios para la atención de víctimas de violencia sexual. Solo en el 46% de los casos se realizan exámenes físicos establecidos. Las pruebas de laboratorio para detectar el VIH no superan, en ningún caso, el 50%.
Estas deficiencias, dice la Defensoría, restringen el acceso de las víctimas al sistema de justicia y no solo dificultan su la recuperación, sino que pueden perjudicar su salud física y mental.
Descarga el informe aquí.
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