EEUU: Peruanos ilegales son explotados en cárceles

Parlamentario andino Alberto Adrianzén denunció que presidiarios reciben 13 centavos de dólar como pago, pese a que el sueldo mínimo es 7.25 dólares por hora.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

26/08/2019 - 14:53

Natalia Campana fue expulsada hace tres años de Estados Unidos por su condición de ilegal, tras la muerte de su esposo regresó a dicho país, pero al cruzar la frontera sin sus documentos en regla fue recluida en el centro de detención de San Diego.

Gracias a la presión social de los amigos de la familia Campana, las autoridades concedieron la libertad condicional a Natalia para acudir al entierro de su cónyuge, pero ahora ha vuelto a su encierro.

Este es uno de los innumerables casos de peruanos encarcelados en las cárceles de Estados Unidos, quienes son obligados a trabajar a cambio de salarios irrisorios, denunció el parlamentario andino Alberto Adrianzén.

Por ello, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores averiguar en los consulados del país norteamericano mayores detalles sobre la situación de los compatriotas afectados para asistirlos.

"Es absurdo que Estados Unidos ahora se haya convertido en el mayor empleador de irregulares, más aún cuando esta práctica se la prohíbe a empresas privadas", expresó.

Según Adrianzén, los ilegales detenidos son obligados – así estén enfermos – a trabajar en la cocina, limpieza y lavandería de las cárceles, recibiendo 13 centavos de dólar como pago, pese a que el sueldo mínimo es 7.25 dólares por hora trabajada.

"Rechazo la abusiva política carcelaria del gobierno federal de Estados Unidos. Cuando le conviene, los migrantes irregulares sí pueden trabajar en su territorio, pero cuando no, son perseguidos. Son personas que, en su mayoría, sólo han cometido una falta administrativa civil", indicó.

DATOS

- El año pasado el diario The New York Times informó que 60 mil indocumentados de diferentes nacionalidades fueron obligados a realizar estos trabajos.

- Esto implicó un ahorro de alrededor de US$ 40 millones para el gobierno y las compañías privadas que administran los centros de detención.

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