El índice de morosidad en los colegios privados bordea el 80%

Fecha Actualización

29/12/2020 - 22:38

El impacto de la pandemia del COVID-19 en el país ha causado estragos en el sector educativo privado. Datos del Ministerio de Educación (Minedu) señalan que 110,000 estudiantes de estos centros educativos se trasladaron a colegios públicos. El motivo: familias duramente afectadas en el nivel económico.

Ese impacto se trasladó a un retraso en el pago de pensiones. Según la Asociación de Promotores de Instituciones Educativas Privadas, el índice de morosidad bordea, en promedio, entre un 70% y 80%.

Esta situación es sumamente preocupante para el sector porque la recaudación de pensiones constituye una de las principales columnas del sostén de los centros educativos privados. El 63% de ellos cobran pensiones menores a S/200 y son los más afectados por la crisis.

Si a esto sumamos que muchos centros educativos se vieron obligados a reducir las pensiones, la situación se torna aún más crítica.

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Según cifras de la Acopril (Asociación de Colegios Privados), esta crítica situación ha generado que a la fecha se tengan 2,000 colegios cerrados y se proyecta que llegarán a los 5,000 a fin de año. Por esta causa, según información del Colegio de Profesores del Perú, se tienen aproximadamente 5,000 docentes desempleados.

En paralelo, la deserción escolar pinta otro panorama desolador. Datos del Minedu señalan que 230,000 estudiantes han salido el presente año del sistema educativo y más de 200,000 estudiantes de secundaria no están accediendo al servicio educativo a distancia, pese a estar matriculados.

POPULISMO AL ACECHO

A la situación generada por la pandemia, se añaden las iniciativas de las comisiones de Educación y de Defensa del Consumidor en el Congreso, que pretenden regular diversos aspectos de los centros educativos privados.

Iniciativas que apuntan al control de precios, a la reserva de vacantes, a la cuota de ingreso, al acceso a la información financiera, a la difusión de las planillas de sus trabajadores, al aforo de las aulas y al rol supuestamente fiscalizador que debería ejercer el Indecopi.

Ninguno de los predictámenes, según voceros consultados, tiene sustento técnico. Es más, los Ministerios de Educación y de Economía, y el Indecopi, han advertido que son propuestas inviables.

Para Jorge Camacho, vocero de la Alianza de Escuelas Privadas (AEP), las iniciativas legislativas “han sido consideradas inviables por el Minedu y el MEF”.

“Además, son innecesarias ya que se encuentran en la normativa vigente, tal como lo ha especificado Indecopi. De ser aprobadas en el Pleno del Congreso, miles de alumnos corren el riesgo de quedarse sin colegio”, advirtió.

Sostuvo que el control en las instituciones educativas privadas y los demás aspectos considerados en esos dictámenes, “como todas las leyes que no tienen sustento técnico, terminarán perjudicando a las familias y a los alumnos”.

Camacho planteó como alternativa mejorar el diálogo y la cooperación entre colegios. “De ese modo, la experiencia ganada en la educación a distancia, por los colegios privados, puede ser trasladada al sistema de educación pública”, subrayó el experto.

Hugo Díaz Díaz, especialista en Educación: “Falta un Reactiva Educación”

La emergencia sanitaria ha puesto a la educación privada en una situación difícil. El desempleo y la reducción de los ingresos de muchas familias ha impactado en la reducción del monto de pensiones, aumento de la morosidad, demandas de traslado de estudiantes a la escuela pública y abandono escolar que superaría los 300,000 estudiantes.

La consecuencia inicial ha sido la reducción de salarios o suspensión de contratos del personal considerado prescindible. También de otros gastos de funcionamiento y de inversiones en calidad, así como el retraso en el pago de obligaciones.

Un programa Reactiva Educación sería deseable para que puedan invertir en desarrollo tecnológico, capacitar a sus docentes y, cuando se regrese a la educación presencial, atender medidas de seguridad sanitaria, como la reducción del número de estudiantes por aula.

Consenso hay en que deben establecerse normas exigentes para aquellas instituciones educativas que no cumplen con un estándar de calidad, pero a las que lo hacen con seriedad hay que dejarlas trabajar.

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