Mentiras de la Fiscalía de la Nación quedan al descubierto

Fiscal José Peláez informó que su institución desconocía que el teléfono interceptado pertenecía a Luis Galarreta. Sin embargo, el 26 de abril, la Policía reveló a la Fiscalía la identidad del propietario del celular.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 00:46

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, no dijo la verdad sobre la participación del Ministerio Público en el 'chuponeo' telefónico al congresista Luis Galarreta.

Aunque, el lunes, el magistrado hizo una serie de afirmaciones para justificar que su institución haya solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Galarreta, ilegalmente 'chuponeado' en el caso del periodista Rudy Palma, documentos oficiales de la Policía y de la propia Fiscalía traen por tierra su versión.

CONTACTO 238: GALARRETATanto el lunes como ayer, en una entrevista con El Comercio, Peláez sostuvo que en la Fiscalía no sabían que el teléfono celular era del parlamentario opositor. "(En el celular de Rudy Palma) no estaba consignado el nombre del congresista porque eran llamadas que había recibido Palma (…) (En la Fiscalía) no se sabía que era (el celular) de un congresista (Luis Galarreta)". Falso.

El 26 de abril, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía envió al fiscal William Montes el Informe Técnico N° 220-2012, sobre la revisión y contenido del celular del periodista, que señala que el número de contacto 238 del teléfono de Palma era el 99571-3394 y estaba registrado con el nombre 'Galarreta'.

El 28 de abril, y con el informe policial en la mano, Montes solicitó al juez Abel Pulido el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 21 teléfonos celulares y fijos, entre ellos el del legislador de Alianza Por el Gran Cambio, por 60 días (hasta el 27 de junio). El 2 de mayo, el mismo Montes se acercó al Congreso para interrogar al parlamentario, a quien ya le intervenía su celular.

Ese mismo día, la Divindat envió al Congreso un oficio solicitándole que le informara qué legislador tenía asignado el celular 99571-3394. ¿Por qué la Policía no dijo que ya tenía identificado a Galarreta? Es más, el propio Montes ya sabía, desde el 26 de abril, que el número le pertenecía a Galarreta. Al parecer, fue solo una coartada para aparentar desconocimiento.

SIGUE EL 'CHUPONEO'Pero hay un segundo punto que revela la mentira del Ministerio Público. Vía Canal N, y a través de un comunicado de prensa, Peláez afirmó que "al observarse que no existían comunicaciones relevantes para la investigación, dos días después, el 30 de abril, se inició la desactivación de la medida judicial". Pero fuentes del Tercer Juzgado Supraprovincial informaron que, hasta el momento, la Fiscalía no ha solicitado que se deje sin efecto la medida.

El fiscal Montes tampoco ha enviado al despacho judicial su informe con el resultado de las escuchas, documento necesario para ponerle punto final a la interceptación judicial.

Las normas señalan que cualquier variación de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones debe ser informada a las partes, trámite que no se ha producido, por lo que es evidente que el 'chuponeo' sigue en marcha.

EL ENGAÑO

- El 2 de mayo, el fiscal William Montes acudió al Congreso para conversar con Galarreta. Con la autorización del presidente del Legislativo, Daniel Abugattás, se entrevistan en la Sala Basadre.

- En la reunión, Galarreta le informó a Montes que conocía a Rudy Palma y que, como presidente de la Comisión de Economía, se había comunicado por teléfono con el reportero.

- El fiscal justificó la reunión al sostener que Palma había intervenido el celular y el e-mail del congresista, por lo que –le dijo– era una víctima.

- Pero el día de la reunión, el fiscal ya llevaba 4 días interviniendo el celular del legislador, quien dijo que aquel trató de implicarlo como cómplice de una red de crimen organizado.

- Galarreta señaló que Abugattás sabía que su celular estaba 'chuponeado' y, faltando a su función, no le informó al respecto.

- Cabe precisar que, el 14 de mayo, el procurador del Congreso pide incluir al Parlamento como agraviado. La jueza rechaza tal solicitud porque no hay legisladores implicados.

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