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Sacarán de las aulas a docentes condenados por 17 delitos graves
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Mucha atención. Los docentes que cuenten con sentencias consentidas o ejecutoriadas por delitos tan graves como feminicidio, secuestro, trata de personas, proxenetismo, entre otros, serán inhabilitados, de por vida, para trabajar en instituciones educativas públicas o privadas, que van desde colegios hasta universidades. Esta medida también se aplica a los trabajadores administrativos del sector.
Así lo establece un decreto de urgencia publicado ayer en El Peruano, el que modifica los alcances de la Ley N° 29988, la que permitió destituir del magisterio, en 2018, a cerca de mil docentes y administrativos que laboraban para el Ministerio de Educación (Minedu) y que habían sido sentenciados por terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico y violencia sexual. Ahora, se han incluido a otros 13 delitos, con lo que la lista roja llega a 17.
Daniel Anavitarte, director general de Gestión Escolar del Minedu, dijo a Perú21 que cuando elaboraron la primera lista, se encontró que muchos maestros habían recibido condena por otros crímenes. Por eso es que se optó por cambiar la ley.
Sostuvo también que el Minedu enviará la planilla de docentes y personal administrativo cada tres meses al Poder Judicial para que cruce información e informe quiénes tienen condena por estos 17 delitos. “Posteriormente, nosotros, junto con los gobiernos regionales, procederemos a la destitución”, afirmó.
En el caso de las instituciones privadas, Anavitarte manifestó que “se notificará a las escuelas particulares sobre los docentes con sentencia y estas deberán proceder con la culminación del contrato”.
La verificación del cumplimiento de esta norma, que se hará durante los primeros 30 días de clases, estará a cargo del Minedu, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Asimismo, se crea el Registro de Personas Condenadas o Procesadas por los delitos ya mencionados.
Esta información será compartida con la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) para la inscripción de la inhabilitación en el sector Educación.
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MEDIDA ACERTADA
Para el exministro de Educación Idel Vexler, esta medida es acertada. “Me parece muy bien que se tomen estas medidas para cuidar la integridad personal y socioemocional de cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes en las escuelas, de tal manera que el decreto de urgencia lo que hace es ser más riguroso en las sanciones”, dijo a Perú21.
Agregó que “también tenemos que trabajar el fortalecimiento y el bienestar socioemocional, la convivencia de nuestros alumnos y mejorar el trabajo tutorial”.
Por su parte, la exministra de Educación Marilú Martens manifestó que este decreto permitirá que los docentes no idóneos dejen las aulas. “Ahora los jueces, además de imponer la pena sobre esos delitos, van a tener que comunicar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y esto permitirá que los docentes que no son idóneos no ingresen al sistema educativo”, sostuvo.
No obstante, manifestó que “la solución no está en la sanción, sino en la formación”. “Tenemos que inculcar valores en la población. Es importante que haya un trabajo de formación y prevención porque los alumnos están expuestos a estos delitos”, expresó.
TENGA EN CUENTA
-La norma también señala que se separará preventivamente al personal docente o administrativo cuando tenga una denuncia presentada ante la PNP o el Ministerio Público.
-En unos 45 días, el Ministerio de Educación deberá adecuar el reglamento de la Ley N° 29988 a las nuevas modificaciones.
- El expresidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, dijo que la medida se respalda en la necesidad de cautelar la integridad de los menores y jóvenes.
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