Organizaciones de ayuda al discapacitado piden presupuesto para apoyo en sistemas educativos

Presupuesto permitirá mejorar la atención de cerca de 400,000 estudiantes con discapacidad.

Fecha Actualización

14/11/2023 - 17:32

SODIS, la Mesa de Discapacidad y Derechos y la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva, además de otras organizaciones y activistas comprometidos con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, solicitan a la comisión de presupuesto del Congreso de la República garantizar la asignación de presupuesto para la implementación de los “Servicios de Apoyo Educativo” (SAE) en la educación básica regular para la Ley de Presupuesto 2024.

Los SAE son equipos que brindarán acompañamiento a las instancias de gestión educativa (UGEL y DRE) y a toda la comunidad educativa para dotar de herramientas y estrategias en la atención de los y las estudiantes con discapacidad en la escuela básica regular.

MIRA: ¿Cómo hacer para que los estudiantes con discapacidad cuenten con servicios de apoyo educativo?

Por ello, se reitera la importancia de destinar este presupuesto a los SAE para revertir la postergación histórica del sistema educativo peruano que condena a la exclusión y a la pobreza a cerca de 400,000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, citado en el Informe de la Defensoría del Pueblo.

Pamela Smith, directora ejecutiva de SODIS, precisa que “la falta de apoyos educativos dentro de las escuelas, es una de las principales causas de la deserción escolar debido a que los estudiantes encuentran barreras para obtener logros de aprendizaje en la escuela”.

También indicó que el Comité Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en su evaluación al Estado peruano en marzo de 2023, recomendó la mayor asignación de recursos para la efectiva implementación y ampliación de cobertura de los SAE.

Como instituciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad, reconocemos que, en los dos últimos años, el Ministerio de Educación aprobó un importante marco normativo que garantiza el derecho a la educación inclusiva; sin embargo, este tema pendiente debe incluirse en la agenda para la asignación de recursos de los SAE en el marco de la Ley de Presupuesto 2024.

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