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Pide amplio debate sobre ‘ley mordaza’
Raúl Castro señala que las observaciones del Ejecutivo deben ser aclaradas y trabajadas. Martha Chávez opina que se debe publicar todo sobre la conducta de personajes públicos.
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A partir de las observaciones del Ejecutivo a la llamada 'ley mordaza' –que penaliza la difusión de audios 'chuponeados'–, el Congreso debería abrir un gran debate para buscar un marco regulatorio que no vulnere el combate a la corrupción ni afecte el derecho a la intimidad de las personas, opinó el exparlamentario Raúl Castro Stagnaro.
El también presidente del Partido Popular Cristiano recordó que el Ejecutivo no ha formulado observaciones de fondo sino de "carácter metodológico-procesal", que no han sido aclaradas y que deben ser trabajadas.
Por tal motivo, destacó la necesidad de que se analice la legislación internacional y que se inicie una discusión con la participación de los medios de comunicación, los colegios profesionales y otros sectores que ayuden a elaborar una norma que "proteja el derecho ciudadano a la intimidad y que no permita que la corrupción se escude en razones legales".
QUE SE SEPA TODOEn tanto, la congresista Martha Chávez dijo que está "a favor de que los periodistas publiquen todo lo referido a la vida y a la conducta de los políticos, artistas y cualquier personaje público, aun cuando sea producto de un 'chuponeo', porque la opinión pública tiene derecho a saber si son pegalones, consumidores de droga o ateos. Eso debe ser lo más libre posible".
En esa línea, manifestó que el Legislativo debería aceptar la observación del Ejecutivo referida a la difusión de audios obtenidos ilícitamente y que tienen "interés público" –la Comisión de Justicia la rechazó en el dictamen que quedó al voto–, pero indicó que ese término debe definirse en la misma norma.
Recordó que el Tribunal Constitucional ya precisó en un caso que el derecho a la información prima sobre el derecho a la intimidad "porque es colectivo y está relacionado con otros derechos".
DATOSLa 'ley mordaza' penaliza con dos a cuatro años de cárcel al que interfiera, escuche o difunda una comunicación privada. Y de tres a cinco años si se trata de un funcionario público.
En su observación, el Ejecutivo amplió la sanción para los que intercepten y graben comunicaciones.
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