Escuchas legales empezaron con investigación vinculada a ‘Caracol’

El 5 de diciembre de 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se declaró –por primera vez– el estado de emergencia en el Callao. Esto a raíz de una ola de asesinatos cometidos por sicarios. Es en ese momento que la Policía Nacional conforma un grupo especial de investigadores que, a través de escuchas telefónicas legales, llegan a las mafias de narcotraficantes que operaban en el primer puerto. Una de ellas era encabezada por Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’.

Pero eso no quedó ahí. Mientras investigaban a este criminal y a otros narcotraficantes, a través de las interceptaciones telefónicas también se destapó la ya conocida red de tráfico de influencias en el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

CASO CLAVE

Los detectives del grupo especial de la Policía indagaban sobre uno de los asesinatos más sonados en el primer puerto. Se trataba del caso de Wilbur Castillo Sánchez, perpetrado el 2 de diciembre de 2015. A este le dispararon 20 tiros, minutos después de que dejara a su niña en su escuela.

Luego se sabría que Castillo era un colaborador de la Policía. Este había proporcionado valiosa información sobre la organización criminal denominada Barrio King, dedicada al narcotráfico, extorsión y sicariato en el primer puerto. El cabecilla de la misma era el temible ‘Caracol’.

Un oficial del grupo especial señaló a Perú21 que en ese momento ya se estaba trabajando mediante las escuchas telefónicas, autorizadas por el Poder Judicial. De esta manera, –meses después– se estableció que había sido Gálvez Calle quien ordenó asesinar a Wilbur Castillo. Esto en venganza porque lo había delatado.

Asimismo, también se estableció que ‘Caracol’ estaba tras el ataque a Gerald Oropeza. Como se recuerda, a este último le lanzaron un explosivo cuando se desplazaba en su camioneta Porsche en el distrito de San Miguel. Sin embargo, resultó ileso.

MÁS ESCUCHAS LEGALES

Las investigaciones continuaron para llegar al resto de integrantes de la organización de ‘Caracol’ y de otras bandas rivales. Es así que la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri y la Fiscalía de Crimen Organizado solicitaron ante el Poder Judicial una nueva autorización de las escuchas telefónicas.

El 2 de julio del año pasado, la Policía –con el oficio Nº 2461-2017– pide a la fiscal Rocío Sánchez, titular de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada del Callao, otra autorización para escuchas legales a fin de identificar a una nueva organización criminal a la que denominaron Los Castañuelas de Rich Port.

“Solicitamos abrir investigación preliminar contra los que resulten responsables, integrantes de la organización criminal Los Castañuelas de Rich Port, dedicados a la comisión de sicariato, extorsiones, tenencia ilegal de armas de fuego y otros conexos, ocurridos en el Callao durante los años 2013 y 2017”, señalaba el documento policial.

En el mismo figuraba una larga lista de números telefónicos, cuyos propietarios hasta ese momento no estaban plenamente identificados.

El Poder Judicial dio la respectiva autorización y el Grupo Constelación de la Dirección Antidrogas (Dirandro) continuó con este procedimiento legal.
Los primeros días de diciembre del año pasado, los agentes especializados de la Dirandro enviaron un primer resultado a los detectives de la Dirincri.
Los agentes de esta última unidad policial quedaron sorprendidos con la información que recibieron. Esta ponía al descubierto a jueces y abogados implicados en el delito de tráfico de influencias.

Así denominaron a esta nueva organización como Los Cuellos Blancos del Puerto. La misma estaría integrada por 22 personas, entre particulares y servidores públicos, según señaló uno de los oficiales a cargo del caso.

Tras obtener esta valiosa información, los detectives –mediante el informe policial Nº 371-2017- DIRINCRI, con fecha 11 de diciembre de 2017– informaron al respecto a la Fiscalía de Crimen Organizado.

“Como resultado de las escuchas legales que venían realizando en el caso 02-2017, se ha tomado conocimiento de actividades ilícitas contra la administración pública, relacionadas al presunto delito de tráfico de influencias, que estarían desplegando algunos abogados y/o servidores públicos del Sistema de Justicia del Callao”, precisaba el documento.

Inmediatamente, la fiscal Rocío Sánchez resolvió separar los casos. Por un lado, las pesquisas a las organizaciones criminales que operaban en el Callao y, por otro lado, a los que resulten responsables del delito de tráfico de influencias. Este, como ya es público, implicaba hasta a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y jueces.

Así, se abrió una nueva carpeta fiscal (05-2018), con fecha 15 de enero. Es en esta investigación que se detectan las comunicaciones de unas 22 personas, entre ellas las de Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y del vocal supremo César Hinostroza, así como de ex magistrados.

INTERCEPTACIÓN TIENE SUSTENTO

Todo estuvo bajo control. El juez Cerapio Roque Huamancóndor, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, señaló que las interceptaciones telefónicas que develaron una red de tráfico de influencias y negociados en el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) estuvieron debidamente sustentadas.

A través de un comunicado, el magistrado precisó que la orden para el levantamiento del secreto de las comunicaciones fue tramitada por la fiscal Rosario Sánchez, titular de la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao que investigaba a “Las Castañuelas de Richi Port”.

Subrayó que su despacho ordenó la interceptación de ocho números telefónicos cuyos titulares eran conocidos por nombres, alias o siglas.

Y que una vez advertido de que algunos números pertenecían a magistrados y consejeros, la fiscal optó por elevar un informe al órgano competente. Por su parte, el fiscal Jorge Chávez Cotrina salió en defensa de Sánchez y sostuvo que todo se realizó dentro del marco legal.

TENGA EN CUENTA

- El titular de Justicia, Salvador Heresi, consideró que esta crisis debe ser una oportunidad para que la clase dirigente pueda hacer las reformas necesarias.

- Añadió que las reformas son también para fortalecer el Estado, el sistema electoral y los partidos políticos.

- Advirtió que si en el Congreso no hay voluntad de hacer estas reformas, el Ejecutivo apelará a un referéndum.

- En otro momento, Heresi negó tener vínculos con el empresario Antonio Camayo, de Iza Motors, a quien se le escucha jactarse en uno de los audios de sus relaciones con Palacio de Gobierno. Pero sí aceptó que participó en la inauguración de sus locales cuando era alcalde de San Miguel.

- Al cierre de esta edición, el Ejecutivo no anunciaba aún la comisión de notables para iniciar las reformas, como lo ofreció el premier Villanueva.