Crece el escándalo en Chile por abusos sexuales en colegios

Fiscalía de ese país informó que ya son más de 120 centros educativos investigados en Santiago. La mayoría casos se dan en escuelas exclusivas. La cifra se duplicó en una semana.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 03:03

Más de 120 colegios son investigados en Santiago por abusos sexuales a niños, cifra que duplicó en una semana el número de centros educativos en los que se investigaban denuncias por abuso de menores, informó hoy la Fiscalía de Chile.

"Son 127 los colegios que se investigan por denuncias de delitos sexuales en la Región Metropolitana", indicó el fiscal nacional Sabas Chauán, en declaraciones difundidas en el sitio electrónico de la Fiscalía.

La Fiscalía chilena había anunciado el 20 de julio que "investigaba 59 centros educativos en la capital chilena".http://peru21.pe/2012/07/21/mundo/chile-investigaran-61-escuelas-abuso-sexual-contra-menores-2034026, y que las denuncias por abusos sexuales a menores de 14 años aumentaron a nivel nacional un 22% durante el primer semestre de este año.

Al respecto, Chauán explicó que 50 de estos centros educativos se encuentran en la acomodada zona oriente de Santiago, y donde se ha registrado un incremento sostenido en las denuncias por abuso a menores.

"No se trata de crear una mayor alarma pública. Lo que tiene que tener la ciudadanía es la conciencia, la seguridad, de que como Fiscalía nos interesa doblemente tanto un delito sexual cometido contra un menor de edad, especialmente la protección de las víctimas que son niños", agregó el fiscal.

La última denuncia de este tipo fue el miércoles pasado en el exclusivo Colegio Cumbres, donde el capellán de este centro, el padre irlandés de los Legionarios de Cristo John O´Reilly, fue acusado de abusar a una menor.

La Fiscalía inició las indagaciones del caso, mientras que la Iglesia Católica anunció una investigación canónica. O'Reilly se declaró inocente.

El presidente chileno Sebastián Piñera promulgó en junio pasado una ley que inhabilita a los condenados por delitos sexuales contra menores a ejercer cualquier empleo que esté directamente relacionado con niños, y endureció las penas ante el alza de las denuncias de abuso infantil.

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