La tensión entre el estado de California y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó un nuevo punto álgido este lunes, luego de que las autoridades californianas presentaran una demanda formal por lo que consideran un “despliegue ilegal” de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles.
Su familia confirmó la noticia dos días después del deceso, ocurrido el 4 de junio, y pidió respeto tras la difusión de rumores falsos sobre sus últimas horas de vida.
El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con el gobernador Gavin Newsom, anunciaron la medida legal durante una conferencia de prensa realizada en Sacramento. “Estamos demandando a Donald Trump y pidiendo al tribunal que anule la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California”, declaró Bonta, calificando la acción como una violación directa a la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la soberanía de los estados frente a intervenciones federales no autorizadas.
La disputa se origina en los acontecimientos del pasado fin de semana, cuando miles de ciudadanos salieron a protestar en Los Ángeles contra las redadas migratorias impulsadas por la actual administración. A pesar de que la policía local aseguró tener la situación bajo control, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional bajo el argumento de “preservar el orden público”.
Según los demandantes, esta decisión se tomó sin consultar ni recibir aprobación del gobernador, lo que representa un hecho sin precedentes desde 1965. “El gobernador Newsom tiene la autoridad exclusiva para activar la Guardia Nacional dentro del estado. Lo ha hecho antes, en crisis como incendios forestales o manifestaciones importantes. Esta vez no lo hizo porque no era necesario”, afirmó Bonta, criticando lo que describió como “un abuso de poder federal”.
El caso ha derivado en un intenso enfrentamiento político entre la administración estatal y la Casa Blanca. El domingo, Tom Homan, asesor en política migratoria de Trump y conocido como el “zar de la frontera”, advirtió públicamente que tanto Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados por “obstaculizar la aplicación de la ley”.
Newsom no tardó en responder con un desafiante “Tom, arréstame”, dejando claro su rechazo frontal a la política migratoria de Trump y a cualquier intento de intervención sin consentimiento del estado. Este lunes, Homan matizó sus declaraciones y dijo que no hay planes inmediatos de detención, pero advirtió que la administración Trump “no permitirá que ningún funcionario local interfiera con las operaciones federales”.
Más allá del choque político, la demanda plantea una discusión clave sobre los límites del poder federal en relación con los gobiernos estatales. Para expertos constitucionalistas, el caso podría llegar a la Corte Suprema, donde se evaluaría si un presidente tiene autoridad para desplegar tropas estatales sin el consentimiento del gobernador correspondiente, en contextos que no califican como insurrección o desastre nacional.
“Este caso sienta un precedente importante. No se trata solo de un conflicto entre Trump y California, sino de la autonomía que tienen los estados para manejar sus propias fuerzas militares en tiempos de paz”, señaló la profesora Linda Garza, especialista en derecho constitucional de la Universidad de Stanford.
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