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Denuncian que 92 periodistas fueron asesinados en Honduras en dos décadas
Un total de 92 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios fueron asesinados en Honduras en las últimas dos décadas, cuatro de ellos en 2020, denunció este jueves el no gubernamental Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al presentar su informe anual.
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Un total de 92 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios fueron asesinados en Honduras en las últimas dos décadas, cuatro de ellos en 2020, denunció este jueves el no gubernamental Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al presentar su informe anual.
“Desde 2001 a 2020 se registró el asesinato de 92 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación en el país”, anota el “Informe sobre Libertad de Expresión 2020" en Honduras, entregado a la prensa en un hotel de Tegucigalpa.
Detalló que en 2020 fueron asesinados los periodistas Germán Vallecillo y Jorge Posadas del canal 45TV del caribeño puerto de La Ceiba, Luis Almendares, en Comayagua, centro del país, y Pedro Canelas, propietario de Radio Bambi, en la región de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, este.
Por su parte, una delegación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), de visita en Honduras, exigió al gobierno en un comunicado “el esclarecimiento de 20 asesinatos de periodistas” registrados por esa organización desde 2011.
Además, RSF reclamó la “aplicación de una justicia plena que identifique y castigue a los verdaderos responsables”.
C-Libre, integrado por periodistas y defensores de derechos humanos, manifestó su “preocupación por el vertiginoso deterioro del derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos, agudizado en el contexto de la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota” que azotaron en noviembre.
Indicó que después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009 “se observó un aumento de las violaciones a la libertad de expresión” en el país.
En tanto, RSF demandó “la no estigmatización -en los discursos públicos del gobierno y por parte de funcionarios-, hacia los periodistas o medios de comunicación independientes y/o la protección de sus derechos y a promover un entorno seguro” para los comunicadores.
Fuente: AFP
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