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España: Juez adelanta al 8 de febrero la declaración de la infanta Cristina

La hija menor del rey Juan Carlos deberá comparecer por el caso Nóos, una trama que envuelve a su esposo Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres.

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El juez español José Castro decidió adelantar al 8 de febrero la declaración de la infanta Cristina, imputada por presuntos fraude fiscal y blanqueo de capitales, después que la hija menor del rey Juan Carlos de España decidiera no recurrir su imputación y declarar.

El magistrado del tribunal de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, afirma en una providencia hecha pública hoy que busca satisfacer la petición de la Infanta de "acortar el tiempo que pende hasta la fecha" del 8 de marzo, prevista inicialmente para esa declaración.

Poco antes, el abogado de la hija del rey, Miquel Roca, había explicado a los periodistas que habían decidido no recurrir "y declarar, porque la Infanta ha considerado que tenía que hacerlo cuanto antes para aclarar una situación en la que está absolutamente convencida de su inocencia".

"Una vez haya declarado habrá quedado todo muy decididamente aclarado", agregó el letrado.

La defensa de la infanta Cristina ya había adelantado el sábado su intención no recurrir su imputación por fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el marco de la investigación que el juez Castro instruye contra su marido Iñaki Urdangarin y el exsocio de éste, Diego Torres, por un supuesto caso de corrupción.

La infanta Cristina "ha decidido renunciar al derecho al recurso (…) y comparecer voluntariamente ante el ilustrísimo señor juez instructor en la fecha que se señale a tal efecto", afirmó un comunicado de la defensa, insistiendo en que Cristina no tiene "nada que ocultar".

La infanta, de 48 años, y su marido, de 45, son propietarios a partes iguales de la sociedad Aizoon, de la que el juez sospecha que pudo servir de pantalla para desviar fondos públicos.

Antiguo campeón olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios, Urdangarin está imputado desde el 29 de diciembre de 2011 por supuestamente haber malversado 6,1 millones de euros de dinero público junto a Torres.

Ambos habrían conseguido, vía el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que el yerno del rey presidió entre 2004 y 2006, contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia para la organización y promoción de congresos relacionados con el deporte.

La infanta Cristina era en aquel momento miembro de la junta directiva de Nóos.