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Estados Unidos: Arkansas aprobó ley que discriminaría a homosexuales
La norma permitiría negar servicios religiosos a los gays. Ahora se requiere la firma del gobernador del estado, Asa Hutchinson.
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La Cámara de Representantes de Arkansas, Estados Unidos, aprobó hoy una ley de libertad religiosa similar a la del estado de Indiana, que ha sido motivo de una gran polémica nacional porque, según sus críticos, permitiría negar servicios religiosos a los homosexuales.
La ley de Arkansas requiere ahora la firma del gobernador del estado, Asa Hutchinson, un republicano moderado que expresó recientemente su voluntad de dar el visto bueno a la controvertida norma.
Por su parte, el gobernador de Indiana, el republicano Mike Pence, pidió hoy al Legislativo del estado que evalúe cambios en la ley de libertad religiosa para dejar claro que no abre la puerta a la discriminación de los homosexuales.
"Las leyes de Arkansas e Indiana son idénticas en términos de lenguaje e intención. Sitúan a los homosexuales, las personas de color, las minorías religiosas y a las mujeres en riesgo de ser discriminados", dijo la directora legal de Human Rights Campaign, Sarah Warbelow, al Huffington Post.
Numerosos negocios y organizaciones han pedido la eliminación de la ley de Arkansas, como ya ocurrió con la de Indiana, por considerarla discriminatoria con los homosexuales y, al mismo tiempo, perjudicial para la imagen del estado.
Como ya hizo ante la ley de libertad religiosa de Indiana, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, criticó en Twitter la ley de Arkansas y pidió al gobernador que la vete.
La Casa Blanca insistió hoy, antes de conocerse la aprobación de la ley de Arkansas, en que la nueva ley de libertad religiosa aprobada en el estado de Indiana es discriminatoria, va en contra de los intereses de empresarios y ha sido criticada por políticos republicanos y demócratas.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, acusó al gobernador Pence de haber "intentado falsamente" comparar la ley de su estado con otra aprobada a nivel federal en 1993, que garantizaba ciertas posibilidades de objeción a minorías religiosas, pero solo en interacciones con el Gobierno.
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