Un peruano que extorsionó y participó en un millonario fraude desde un centro de llamadas en Lima se declaró culpable este último martes, según informó la Fiscalía Federal del Sur de Florida. Así fue el modus operandi.
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Identificado como José Alejandro Zúñiga Cano, de 40 años, el connacional se dedicaba a hacer llamadas extorsivas a consumidores hispanos en Estados Unidos, siendo parte de una conspiración transnacional de fraude postal y electrónico. Fue extraditado de Perú en marzo pasado para afrontar los cargos en su contra.
Es el duodécimo acusado en ser condenado en relación con un “plan de fraude transnacional de 15 millones de dólares” que defraudó a consumidores estadounidenses de habla hispana.
En estas llamadas extorsivas, amenazaba con consecuencias legales si no pagaban por material de aprendizaje del idioma inglés que nunca solicitaron. Los culpables defraudaron a más de 30 000 residentes de habla hispana en Estados Unidos, muchos de ellos inmigrantes que recién llegaban a este país con deseos de aprender inglés.
“El largo brazo del sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, incluidos los ancianos y los inmigrantes recientes”, informó en un comunicado el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida Markenzy Lapointe.
Esta era su modalidad de estafa
Según documentos judiciales, Zúñiga era propietario y operaba un call center en Lima que realizaba llamadas no solicitadas a consumidores de habla hispana en Estados Unidos y afirmaba falsamente que habían ganado o calificado para recibir productos gratuitos, incluidas tabletas informáticas y cursos de inglés.
En llamadas posteriores, Zúñiga y sus cómplices les decían a las víctimas que estaban obligadas contractualmente a pagar grandes sumas para recibir los productos.
El peruano y sus cómplices se hicieron pasar por abogados, funcionarios judiciales, policías y representantes de un supuesto “tribunal de delitos menores” para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar pagos. Hasta el punto que él y sus cómplices amenazaron a las víctimas con procedimientos judiciales, arresto y consecuencias migratorias, si no pagaban.
Las víctimas que pagaron fueron posteriormente “revictimizadas” por Zúñiga y sus cómplices con un falso plan de restitución. Según documentos judiciales, los estafadores realizaron llamadas adicionales a las víctimas que ya habían pagado haciéndose pasar por abogados de un tribunal estadounidense.
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