Golpes a la prensa

El caso más sonado fue sin duda el proceso judicial en contra del diario El Universo, el más grande de Ecuador. La justicia ecuatoriana condenó en febrero de 2012 a tres años de cárcel y 40 millones de dólares a sus tres directivos y el exeditor de Opinión Emilio Palacio Urrutia. El hecho que desató el millonario proceso judicial en contra del medio de prensa fue la publicación del artículo “No a las mentiras”, lanzado un año antes. Allí Palacio, además de llamar dictador a Correa, criticaba su actuar durante una revuelta policial. El iracundo mandatario socialista prometió llevar el caso a los tribunales y, cuando finalmente se impuso en la batalla legal, no dudó en celebrarlo a lo grande junto a sus ministros y funcionarios de gobierno. De forma paralela, organizaciones de prensa internacionales insistieron en que el fallo significaba un duro golpe no solo al medio ecuatoriano, sino a la libertad de expresión.

La dura sentencia desató una avalancha de críticas en contra de Correa. Por ejemplo, ciento cuarenta escritores españoles y latinoamericanos, entre ellos Rosa Montero, Fernando Savater, Jorge Volpi y Juan Villoro acusaron al mandatario ecuatoriano de “abuso de poder”. Asimismo, fueron claros en calificar su demanda como un acto de “intimidación política” y como “desmesurada” la indemnización solicitada.

La propia Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en que pidió al presidente que dé marcha atrás a su decisión. Correa calificó la petición como “disparate total”.

Varias semanas después, mientras los directivos y el periodista involucrado buscaban reunir apoyo internacional, Correa –en un discurso transmitido a toda la nación– anunció “su perdón” al diario condenado, al periodista y a sus directivos.

Exiliado en Miami, el exeditor de Opinión Emilio Palacio agregó que realmente no se trató un perdón, “sino una victoria de la libertad de expresión”.

En aquel recordado discurso televisado del perdón, el presidente Rafael Correa también se refirió a otro caso en contra de unos periodistas que terminó en los tribunales. En aquel mismo febrero, un juzgado sentenció a los reporteros Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita a pagar la inalcanzable cifra de 1 millón de dólares cada uno al presidente Correa. ¿La razón? El “daño moral” causado al entonces mandatario tras la publicación de un libro periodístico en que presuntamente se revelan contratos entre un hermano del mandatario y el Estado.

En la obra periodística titulada El gran hermano, lanzada exitosamente en 2010 y replicada en varias ediciones, los periodistas ecuatorianos revelan detalles de presuntos contratos por varios millones entre el Estado y empresas vinculadas a Fabricio Correa, el hermano mayor del presidente. El entonces presidente socialista se defendió señalando que nunca conoció los contratos de su familiar.

Finalmente, Correa usó aquel discurso del “perdón” a El Universo para indicar también que desistía de la demanda en contra de los hombres de prensa autores del libro.

La oposición explicó que a Correa no le quedaba de otra. El aluvión de críticas y los pedidos de libertad de prensa ya le apretaban el cuello.

Este no fue el último roce entre el presidente ecuatoriano con la prensa (hubo otros ataques como incautación de medios de comunicación, cierre de radios, multas exorbitantes y acusaciones contra periodistas de oposición); sin embargo, su accionar nos recuerda de que no son pocos los políticos de turno los que suelen usar artimañas judiciales para intentar callar a los medios de comunicación.

La fórmula parece escrita en piedra: intimidar a la prensa mediante demandas y multas millonarias con el fin de silenciarla. Tal como viene ocurriendo en Perú con el caso del periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha (PRH,2021). Esta semana un juzgado de primera instancia condenó al reportero de investigación a dos años de prisión suspendida, al igual que al director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel. También fijó el monto de la reparación civil a S/400,000, una cifra millonaria que deberá ser abonada a favor del excandidato presidencial y dueño del partido Alianza Para el Progreso.

Como ocurrió con los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, demandados por Correa, la demanda en contra de Acosta y Pimentel no ha hecho sino aumentar el interés por la obra periodística de investigación. Asimismo, una gran cantidad de organizaciones de prensa nacional e internacional vienen cubriendo el ataque y calificando a la decisión judicial como “aberrante” y “funesto precedente para el ejercicio periodístico”.

En el caso de los periodistas ecuatorianos arriba citados, Correa finalmente desistió en su demanda ante la avalancha de críticas en su contra. ¿Ocurrirá lo mismo con César Acuña? Nunca un libro aterró tanto al político norteño que aspira a dirigir el país pero ocultando los cuestionamientos que pesan en su contra.