En este país la prostitución figura en la lista de trabajos calificados para tener residencia

Nueva Zelanda: Pero hay que cumplir con ciertos requisitos: los postulantes deberán ganar más de US$25,87 por hora o US$53,818 al año y deben tener al menos tres años de experiencia laboral.

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Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

24/08/2019 - 07:28

Por más increíble que parezca, aquellos inmigrantes que quieran obtener un visado de residencia en Nueva Zelanda podrán indicar que son trabajadoras sexuales o que realizan servicios de escort en sus solicitudes.

Así lo indicó la agencia de Inmigración de Nueva Zelanda (INZ) en su sitio web oficial. Estos empleos, que fueron legalizados en ese país en 2003, serán considerados una “habilidad” en la lista de la Clasificación Uniforme de Ocupaciones de Australia y Nueva Zelanda (ANZSCO).

Sin embargo, para cumplir los criterios de una trabajadora sexual altamente calificada, las solicitantes deberán alcanzar el nivel 5 de la mencionada lista, la categoría más alta y que reúne la mayor cantidad de requisitos para que puedan ser considerada en ella.

Los requerimientos para obtener dicha clasificación incluyen el tener una remuneración de más de US$25,87 por hora o ingresos anuales por US$53,818, así como tener al menos tres años de experiencia laboral en la industria.

Al respecto, Peter Moses, portavoz de la agencia de la Asociación de Migración e Inversión de Nueva Zelanda (NZAMI) indicó que la posibilidad de acudir exitosamente a este método para obtener la residencia en el país es sumamente improbable, ya que el oficio no figura en la lista de trabajos en escasez.

“Aunque la prostitución es una profesión legal, no es una ocupación que un inmigrante pueda realizar con una visa temporal, el trabajo sexual es aceptado específicamente”, precisó el funcionario.

Nueva Zelanda es uno de los pocos países en donde el trabajo sexual está regulado por leyes locales. En 2003, el Parlamento neozelandés la convirtió en una ocupación legal mediante la Ley de Reforma de la Prostitución, para garantizar los derechos humanos y laborales de las personas que desarrollan esa actividad y defenderlos contra la explotación.

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