La violencia criminal que azota al Perú ha dejado de ser solo una preocupación nacional. Dos de los medios más influyentes del mundo, The New York Times y The Economist, han publicado duros análisis en los que retratan un país sumido en una ola de criminalidad, donde las extorsiones, los asesinatos por encargo y la minería ilegal están socavando el tejido social y económico. Ambos medios coinciden en una crítica directa al Estado: los esfuerzos del gobierno han sido insuficientes, y el futuro luce sombrío.
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En un extenso reportaje publicado por The New York Times, se detalla cómo la violencia se ha convertido en parte del día a día para miles de peruanos. El medio estadounidense relata con crudeza uno de los episodios más escalofriantes del año: el hallazgo de los cuerpos de 13 mineros en mayo, en un campamento operado por la mayor empresa de minería de oro del país. Las autoridades atribuyeron la masacre a una banda criminal organizada, lo que evidenció el nivel de infiltración que estas organizaciones tienen en sectores estratégicos como la minería.
A pesar del impacto internacional que causó este hecho, la respuesta del gobierno fue, según el análisis, tibia. Los estados de emergencia decretados por la presidenta Dina Boluarte no han logrado frenar el avance del crimen organizado ni restaurar la seguridad en zonas afectadas.
Boluarte, quien cumple tres años en el poder, ha sugerido que parte del auge delictivo se debe al incremento de migrantes venezolanos en el país, aunque, como subraya The New York Times, no hay evidencia que indique que esta población comete más delitos que los ciudadanos peruanos.
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú rehusaron conceder entrevistas al medio estadounidense, lo que refuerza, según el reportaje, la sensación de opacidad y falta de estrategia clara en la lucha contra el crimen.
“No hay cabida para el crimen en este gobierno”, dijo la presidenta a la prensa en abril. Pero la realidad parece contradecir ese mensaje. Las extorsiones, por ejemplo, han escalado a niveles inéditos, con más de 2,000 denuncias al mes a nivel nacional. Y la mayoría de víctimas no son grandes empresarios, sino pequeños comerciantes, emprendedores, trabajadores informales y vecinos de distritos vulnerables.
El Dr. Eduardo Moncada, experto en crimen en América Latina y citado por el NYT, explicó que la extorsión es rentable para las bandas porque no solo garantiza ingresos constantes, sino que además consolida su control sobre territorios. “Permite reclutar vecinos como ojos y oídos. Te vuelves conocido a través de esa relación extractiva. Y eso te da autoridad”, explicó.
En varios distritos de Lima como San Juan de Lurigancho, las extorsiones han obligado a cerrar escuelas, restaurantes y hasta comedores populares. En otras zonas, los empresarios trabajan bajo amenazas diarias. Mientras tanto, la policía lucha con bajos recursos, falta de personal y, en algunos casos, corrupción interna.
The Economist y el oscuro futuro del oro peruano
Por su parte, The Economist centró su análisis en la minería ilegal, a la que señala como uno de los motores más peligrosos de la criminalidad actual. El medio británico atribuye este fenómeno a dos factores clave: el alza del precio del oro —que en marzo superó los $3,000 por onza— y la sobreproducción de coca, que ha empujado a narcotraficantes a diversificarse hacia actividades como la minería.
El informe también critica las políticas del Estado peruano. En particular, cuestiona la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2012 para ayudar a legalizar a pequeños mineros, pero hoy sirve —según el análisis— como escudo legal para que mafias operen con total impunidad.
Aunque el gobierno impuso una prohibición temporal a ciertas actividades mineras tras una serie de asesinatos en Pataz, la medida no fue acompañada de acciones concretas contra las bandas, lo que generó el descontento de mineros informales que se manifestaron en Trujillo. “Somos mineros, no criminales”, decían algunas pancartas.
The Economist cerró su análisis con una frase lapidaria: “El futuro del oro en el Perú, como su pasado, se vislumbra oscuro.”
Ambos artículos reflejan una misma preocupación: la creciente violencia en el Perú ya no puede ser ignorada. Lo que alguna vez fue considerado un país relativamente estable en la región, hoy aparece como un nuevo foco de inestabilidad. El crimen organizado, la debilidad institucional y la crisis política crónica han creado un cóctel peligroso que, si no es enfrentado con firmeza, podría tener consecuencias no solo nacionales, sino continentales.
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